De los tres debates por la Ciudad de México, el último fue el que marcó con más énfasis las diferencias que existen en el proyecto que ambos bloques sostienen ante la ciudadanía. La ciudad que queremos en términos de derechos sociales es mucho más contrastante cuando confrontas al bloque progresista con las prácticas de corrupción de los conservadores de la capital del país.
El tema del desarrollo inmobiliario y el derecho a la ciudad ha servido para que la ciudadanía entienda de manera mucho más clara lo que significa el modelo de derechos en contraste con el modelo de la privatización.
Clara Brugada ha desarrollado políticas de espacio público para la intervención estatal en apoyo a los grupos sociales menos favorecidos, utilizando las Utopías no sólo como lugares de recreación y dignificación del espacio social, sino sobre todo como puntos neurálgicos para la implementación de programas que hacen de la cultura, la música, el arte y el deporte un derecho accesible para todas las personas.
Por otro lado, la acción nacional ha utilizado el poder político para hacer negocio con derechos como la vivienda. Practicando fraude a la ley, los gobiernos del Partido Acción Nacional en la capital han utilizado las normas de desarrollo inmobiliario social para facilitarles a sus socios del sector privado terrenos y permisos para construir desarrollos inmobiliarios que son vendidos como departamentos de lujo.
De esta manera, construye a precio de vivienda social y venden al costo de vivienda de lujo. Ello no acaba ahí, pues los efectos de la corrupción inmobiliaria han generado un fenómeno desmedido de gentrificación que hace que los precios de la vivienda y de los servicios públicos y privados asociados a la comunidad en donde se vive aumenten estratosféricamente.
El agua, la luz, el gas, los precios de la comida, los distractores y los servicios se vuelven cada vez más impagables para los ciudadanos comunes de nuestra capital, y de manera mucho más agudizada en las demarcaciones gobernadas por la derecha.
Las generaciones más jóvenes en la capital ven como muy lejano el sueño de poder adquirir y en muchos casos, inclusive, rentar una vivienda para habitar en independencia de su familia.
Esta problemática retrasa el desarrollo social y personal de las juventudes, e impide que gocen de los mismos derechos que las juventudes de otros países y ciudades.
Las propuestas de Clara Brugada apuntan a reducir esta brecha y permitir que el dinero gastado en el arrendamiento de un espacio para vivir se recupere como bono para la compra de una vivienda.
El Estado se planteará garantizar que las personas jóvenes en la ciudad puedan independizarse y
gozar de una vivienda propia, vista como un derecho y no como una mercancía.
Por otro lado, la derecha busca lucrar con la gentrificación, la precariedad y el desplazamiento de la población joven en nuestra ciudad; analicemos el voto y pensemos en la ciudad que queremos heredar a las generaciones que vienen detrás de nosotros.
POR JOSÉ NARRO CÉSPEDES
COLABORADOR
@NARROJOSE
EEZ
