Las iniciativas de reforma a la Constitución que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero también abordan al sector primario, proponen que los programas de bienestar dirigidos a los campesinos, pequeños ganaderos y pescadores queden como derechos constitucionales y que México sea un país libre de maíz genéticamente modificado.
Si bien los programas del gobierno federal han tenido un impacto positivo, en especial el de Fertilizantes para el Bienestar, que ha permitido incrementar la producción de maíz en estados como Guerrero y Tlaxcala.
Así como el de precios de garantía que pone un piso a la comercialización de granos y los de Producción para el Bienestar y Bienpesca. Ambos probaron ser una herramienta de apoyo importante para nuestros productores.
Que estos puntos queden en la Constitución es un pilar para el desarrollo rural, el cual, como lo hemos comentado en esta columna, deberá complementarse en el siguiente sexenio con otro tipo de estrategias que permitan seguir rescatando al campo de la pobreza, fortalezcan la producción sustentable de alimentos, se avance hacia la seguridad alimentaria y salvaguarden los recursos naturales.
La iniciativa de reforma que está generando una fuerte polémica entre los productores grandes y pequeños es la del derecho a la
alimentación, ambiente sano y derecho al agua.
Desde un ángulo positivo, es destacable que se reconozca el estrés hídrico que vive el país, la sobreexplotación de los acuíferos y los efectos del cambio climático, como las sequías prolongadas y las lluvias erráticas y asegurar la conservación y manejo sostenible de la biodiversidad nacional.
Por otro lado quedan varias dudas respecto a la propuesta de esta iniciativa se propone también que el país se declare libre de cultivos de maíz genéticamente modificado y priorizar su manejo agroecológico. A la fecha, México es autosuficiente en maíz blanco para consumo humano, con una producción obtenida en 2023, según el documento, de 22 millones de toneladas, “libres de transgénicos”.
Es importante subrayar que la iniciativa se refiere al consumo humano y siembra en territorio nacional. Habría que ver qué se abunda en cuanto a las importaciones de maíz amarillo transgénico, principalmente de Estados Unidos, dirigidas al consumo animal y ciertas industrias; se supone que ahí no habría problema.
Finalmente, hay otra iniciativa que modifica la estructura de las dependencias y organismos autónomos y convierte en unidades administrativas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.
Lo importante será que estos organismos no pierdan su esencia, continúen sus trabajos de investigación y cuantificación y se les fortalezca presupuestalmente sus actividades sustantivas, en favor del sector primario mexicano. Habrá que dar puntual seguimiento al desarrollo de las discusiones en el Poder Legislativo.
Etiquetado frontal no es la única solución
El etiquetado frontal en alimentos se encuentra en su segunda fase, luego de que a los principales sellos también se sumaron -a partir de octubre del año pasado- las leyendas: “contiene edulcorantes, no recomendable en niños” y “contiene cafeína, evitar en niños”.
Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que esto no es la única solución a los altos índices de obesidad infantil y sobrepeso, ya que se requieren acciones complementarias entre autoridades, iniciativa privada y sociedad: campañas educativas, a todos los niveles, con énfasis en mantener una alimentación más consciente, más programas de prevención, así como fomento de actividades físicas.
POR MARIANA OTERO BRIZ
COLABORADORA
@BRIZCOCHO
,MAAZ
