En contra de la estridencia de la oposición, hay que reconocer con una perspectiva histórica adecuada que las reformas a un conjunto de instituciones y órganos autónomos propuestas por el Presidente de la República, son parte de una amplia reforma del Estado.
Desde la década de los 90, se hablaba ya de la necesidad de una “reforma del Estado”, en el sentido de desmontar el Estado autoritario levantado por el partido hegemónico (PRI) desde la década de los 30 del siglo XX, y así lograr la tan ansiada “transición democrática”.
Sin embargo, es precisamente durante el periodo neoliberal cuando se conforman una serie de instituciones públicas que sirven de fachada democrática al autoritarismo de corte neoliberal.
La fachada democrática del “acceso a la información”, de la “democracia electoral”, del “combate a la corrupción”, de la “independencia del poder judicial”, entre otras. Junto a la “autonomía del Banco Central”, este conjunto de eslóganes formaba parte del discurso neoliberal que pretendía justificar la no intervención del Estado en el “libre juego de la oferta y la demanda”.
Pero lo que en realidad ocurría, durante más de 36 años de gobiernos neoliberales, era que al amparo de las instituciones del Estado unos cuantos empresarios eran beneficiados por funcionarios corruptos, y así obtenían las concesiones para emprender las obras públicas y las exenciones millonarias de impuestos que les permitían usufructuar las ganancias de la economía neoliberal privatizadora. Una fachada democrática para un régimen autoritario que beneficiaba a una minoría; o una fachada democrática para un régimen oligárquico.
Son ejemplares los casos en que la Comisión de Competencia Económica dictaminaba en favor de empresas particulares, como Iberdrola, y en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
La “competencia económica” es un postulado de la economía neoliberal para impulsar el equilibrio y competitividad entre empresas privadas y, por lo tanto, no tiene como objetivo el bienestar las mayorías.
Por su parte, los casos de corrupción y privilegios de funcionarios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) recientemente descubiertos por la periodista Nancy Flores, corroboran lo que ya sabíamos desde tiempos de Peña Nieto y su Sistema Nacional Anticorrupción: que tales organismos sólo sirven para lavarles las manos a los corruptos.
Como ha dicho el Presidente, en muchas ocasiones, estos organismos supuestamente autónomos no le sirven al pueblo, sino que han estado al servicio de una minoría.
Ana Lilia Rivera Rivera
Presidenta de la Mesa Directiva del Senado
@AnaLiliaRivra
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