En la columna de la semana pasada expresé que la recuperación de nuestra seguridad requiere de una mayor participación de la sociedad, fortaleciendo el tejido social, cuidándonos unos a otros, estando más vigilantes de nuestro entorno, no acostumbrándonos a la violencia, estando vigilantes de la actuación de nuestras autoridades y denunciando los hechos delictivos.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2023, de los 31.3 millones de delitos ocurridos, solo 10.4% se denunció, cifra equivalente a la de 2022. El Ministerio Público o Fiscal abrió una carpeta de investigación en 68.0 % de las denuncias, lo que muestra que, del total de delitos ocurridos, 92.9 % no se investigó (lo que se conoce como cifra oculta o negra), la cual fue similar a la reportada en el 2022 (92.4 %).
Entre las razones para no denunciar se identifican: pérdida de tiempo con 34.4 %; desconfianza en la autoridad, con 12.7 %, y trámites largos y difíciles, con 9.8 por ciento.
Al respecto, resulta esencial fortalecer la cultura de la denuncia, instrumento necesario para el inicio de las investigaciones por parte de las fiscalías, además que brinda información de primera mano para la generación de inteligencia, uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada con decisión por la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Secretario Omar García Harfuch.
Las cifras aportadas por el INEGI destacan como una de las razones para no denunciar la desconfianza en la autoridad, tendencia que debemos superar y revertir por ser una responsabilidad ciudadana, a la cual le debe corresponder la obligación de las fiscalías o, en su caso, agentes del ministerio de público para el desarrollo de las investigaciones, así como la atención a las víctimas y testigos.
Tengo la certeza que hemos avanzado en la procuración y administración de justicia en nuestro país, de manera relevante con la implementación del sistema de justicia penal acusatorio y oral; no obstante, resulta necesario analizar sus fortalezas y áreas de oportunidad para mejorar la confianza ciudadana y romper el círculo de la falta de denuncia y, por ende, la impunidad que de ello se deriva.
En próximos días iniciará la estructuración del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y, como parte de éste, de los Programas Sectoriales de Seguridad y de Procuración de Justicia, por lo que será importante la generación de propuestas para que los mismos respondan a las problemáticas de la sociedad.
Como legislador y ciudadano tengo confianza en que estos instrumentos de política pública orientarán el rumbo hacia un país más seguro y justo, pero por supuesto en el ámbito de mi responsabilidad participaré y convocaré a la sociedad a su proceso de elaboración e integración.
La confianza, como debe ser en todos los casos, debe ser acompañada de una participación responsable en los procesos. En las etapas que están por venir será esencial la participación ciudadana informada y responsable.
Como lo señalé antes, la recuperación de la seguridad no depende de una institución y de un solo hombre, sino de la actuación de las autoridades de las entidades federativas. Cada quien en el ámbito de su responsabilidad deberá contribuir para el cumplimiento de sus fines.
POR SERGIO MAYER BRETÓN
COLABORADOR
@SERGIO MAYER BRETÓN
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