La enmienda de supremacía constitucional se agrega a muchas otras que configuran una nueva Carta Magna en nuestro país. Esta situación, al tiempo que manifiesta el poder de la 4T, muestra la reversión del statu quo que Morena prometió desde sus inicios.
De acuerdo con los filósofos y teóricos políticos Chantal Mouffe y su antecesor Carl Schmitt, las normas jurídicas son resultado de luchas políticas que establecen un orden determinado en la sociedad.
Que la clase gobernante sitúe, con esta reforma, al texto constitucional como imperante y por encima de todas las disposiciones constitutivas, es una modificación significativa al marco legal máximo. Principalmente porque altera las competencias y los límites del poder de diferentes órganos del gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial); al tiempo que refuerza la influencia del grupo dirigente.
Así, la nueva configuración de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos evidencia el momento político de construcción hegemónica. Una que, mediante actos de poder, constituye una nueva objetividad social.
En efecto, el cambio de las instituciones existentes se añade a la reversión del statu quo y la reformulación constitucional, pues el nuevo grupo dominante las moldea ideológica y culturalmente.
De nuevo el poder, cuando está legitimado, es la posibilidad que tienen hombres y mujeres en un contexto histórico-social de decidir en qué tipo de sociedad quieren vivir y bajo qué aparato político. Sin embargo, aunque las variaciones a la norma suprema se justifican con un discurso que repite que “eso es lo que quiere el pueblo”; los números revelan que apenas un tercio de la población mexicana podría respaldarlo.
Morena y aliados recibieron en las urnas 36 millones de los 100 millones de votos posibles. Además, la mayoría calificada con la que cuentan en el Senado de la República es artificial, pues la lograron en tribunales, por acuerdos y chapulines de la oposición.
Se agrega a ello los datos del informe “La recesión democrática de América Latina”, publicada en este año por Latinobarómetro, el cual refleja que México, entre todos los países examinados, fue el que más aumentó respecto a quienes prefieren un gobierno autoritario: pasó de 22 a 33% en tres años.
Por supuesto que no todas las personas que apoyan a la 4T respaldan un gobierno autoritario, ni viceversa. Sin embargo, pareciera que juntas forman esa mayoría absoluta a la que se refiere el régimen y, por lo tanto, justifican la renovación del fundamento jurídico de nuestra nación; así como el ajuste a los derechos y deberes ciudadanos.
La nueva Carta Magna es resultado de la lucha política de la 4T. Una que pone en evidencia la fuerte inversión en instituciones y cambia el orden establecido al mudar el régimen democrático por uno que busca estabilizar el poder de un grupo, de una élite.
POR MARLENE MIZRAHI
COLABORADORA
@MARLENEMIZRAHI
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