El martes 5 de noviembre será un día importante para los poderes del Estado mexicano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará y votará un proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que propone declarar inválida una parte de la reforma constitucional al Poder Judicial, en lo que constituye el asunto más polémico y complejo en el primer mes de gobierno de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
La discusión del martes tendrá tres momentos. Primero, la Suprema Corte debe resolver si tiene facultad o no para analizar reformas constitucionales. Una decisión por demás compleja, ya que, al momento de la discusión, la propia Constitución establece de manera explícita en sus artículos 105 y 107 que, tratándose de reformas constitucionales, no proceden controversias, acciones de inconstitucionalidad o amparos.
Desde mi punto de vista, la Corte, en estricto apego al texto constitucional, debería desechar el proyecto del ministro González Alcántara, y colorín colorado, este cuento se acabó. Pero, como están las cosas, no puede descartarse que ocho integrantes del máximo tribunal voten a favor de que la Corte tiene facultades sobre este tema.
Si esto fuese así, vendría una segunda discusión respecto a si los partidos políticos tienen facultades para presentar controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad en materia judicial. Aquí, nuevamente, la Corte tendría que votar si los sujetos que presentaron los recursos—partidos políticos y gobiernos estatales—tienen o no competencia para ello. Si el resultado de la votación es negativo, ahí terminaría el asunto; si es positivo, la Corte entraría al fondo del tema, es decir, al contenido de la reforma.
Si la Corte llega a este tercer momento de la discusión, sus integrantes analizarían la propuesta del ministro González Alcántara Carrancá de invalidar la elección popular de jueces y ministros. Dicha propuesta tendría que ser aprobada por ocho de los 11 ministros y ministras.
Si llegamos a este punto, la Suprema Corte publicaría su resolución, y la decisión de acatarla o no estaría en manos de la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, los poderes de las entidades federativas y los órganos constitucionales autónomos. Si no la acatan, podríamos llegar a uno de los momentos culminantes de la llamada crisis constitucional, un hecho inédito en la historia reciente de México.
Es momento de recordar algunas palabras para enfatizar la responsabilidad que tienen ciertos personajes políticos, todos ellos servidores públicos. Por ejemplo, la palabra POLÍTICA en el título de la Constitución “Política” de los Estados Unidos Mexicanos; la palabra HONORABLE en el “Honorable” Congreso de la Unión; la palabra SUPREMA en la “Suprema” Corte de Justicia de la Nación, y finalmente, la palabra REPÚBLICA en el cargo de Presidenta de la “República”. Que a nadie de ellos y ellas se les olvide en el momento de decidir el alto cargo que desempeñan.
Eso pienso yo, ¿usted qué opina?
La política es de bronce.
POR ONEL ORTIZ FRAGOSO
ANALISTA POLÍTICO
@ONELORTIZ
MAAZ
