Uno de los conceptos más grises en el ámbito criminológico es la "cifra negra" esa franja invisible de la criminalidad que el sistema oficial no logra registrar. Este fenómeno representa el conjunto de delitos que no se denuncian o no se registran y no solo refleja un desafío técnico para las estadísticas oficiales, sino también una fractura en el vínculo entre las instituciones y la ciudadanía.
En México, la herramienta más confiable para medir este fenómeno es la implementada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que en la versión 2023 de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), estima que el 92.9% de los delitos cometidos en el país no derivaron en una denuncia formal o en una carpeta de investigación.
Esto significa que, de cada 100 crímenes ocurridos, solo siete son oficialmente reconocidos. La razón detrás de estas cifras es compleja y multifacética: está la pérdida de tiempo, desconfianza en las autoridades, miedo a represalias y trámites burocráticos.
En un nivel más profundo, la cifra negra pone en evidencia desigualdades sociales y económicas. Las víctimas en comunidades vulnerables, marcadas por la marginación económica y la desconfianza institucional, enfrentan barreras adicionales para denunciar. Por el contrario, las comunidades más privilegiadas encuentran en su capital social y económico un recurso para interactuar con el sistema legal de manera más efectiva.
Pero más allá de las cifras, ¿qué nos dice este fenómeno sobre la percepción de seguridad? La cifra negra se convierte en un termómetro de la eficiencia institucional. Cuando la mayoría de los ciudadanos considera que denunciar es inútil, el sistema de justicia pierde su legitimidad y se debilita la cohesión social.
Esta tesis no es una crítica, es más bien un llamado urgente para fortalecer las instituciones, garantizar la protección de las víctimas y generar políticas públicas inclusivas y eficaces; la reforma al Poder Judicial es una consecuencia de esta profunda necesidad.
La cifra negra es un síntoma de un sistema en el que demasiadas personas sienten que la justicia es inalcanzable. Reducirla no es tarea fácil, pero es esencial para construir un estado de derecho que funcione para todos, sin distinción. La paz y la justicia son metas alcanzables cuando instituciones, sociedad civil organizada y ciudadanos trabajan juntos para construir un entorno de confianza y seguridad.
Cada denuncia presentada, cada esfuerzo por fortalecer la empatía institucional, y cada paso hacia la transparencia nos acerca a la justicia. Con la participación de todos, podemos transformar la percepción de impotencia en acción y esperanza, logrando que la justicia deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho efectivo para todos.
POR JORGE CUÉLLAR MONTOYA
TITULAR DE LA VOCERÍA DE SEGURIDAD DE TAMAULIPAS
@JORGECUELLAR7
MAAZ
