El Departamento de Justicia de EU planteó la semana pasada una serie de sanciones a Google ante un tribunal de Washington, que dictaminó que Google es un monopolio ilegal. Los fiscales pretenden obligar al gigante tecnológico a vender su navegador Chrome, desprenderse de su popular sistema operativo Android y realizar otros cambios en su plataforma de búsqueda, por considerar que ahoga a la competencia, limita las opciones de los consumidores y perjudica la innovación.
La exigencia de los fiscales incluye, además, que Google ponga fin a los acuerdos exclusivos en los que paga miles de millones de dólares anuales a Apple y otros proveedores de dispositivos para que su motor de búsqueda sea el predeterminado en sus tabletas y teléfonos inteligentes. Este emblemático caso constituye la más importante acción antimonopólica emprendida por el gobierno norteamericano contra una empresa tecnológica en más de cuarenta años. En su conjunto, estas medidas supondrán un golpe devastador para el modelo de negocio de Google.
Uno de los aspectos más notables de este caso es su potencial para transformar el panorama de la Inteligencia Artificial (IA). Google ha incorporado la IA a su función de búsqueda y otras aplicaciones, lo que ha suscitado las críticas de sus competidores, que argumentan que les priva de tráfico web e ingresos por publicidad.
Google dijo en un comunicado que la propuesta del Departamento de Justicia era "asombrosa" y una "extralimitación gubernamental sin precedentes". En caso de aplicarse las sanciones anunciadas, tendrían un efecto transformador en el panorama del Internet, abriendo la competencia en una serie de sectores en los que actualmente Google predomina.
Según The New York Times, las perspectivas del caso se complican por la inminente transición a una nueva administración Trump, con un Departamento de Justicia que potencialmente tendrá un enfoque diferente. Las autoridades antimonopolio de Biden están traspasando a Trump una serie de casos de monopolio contra grandes empresas tecnológicas, después de cuatro años de investigaciones y acciones judiciales contra Google y otras corporaciones.
El diario neoyorquino reportó que mientras el enfoque de la administración Biden se ha centrado en el poder de las grandes empresas tecnológicas para reprimir la competencia y controlar los mercados, Trump y sus asesores han expresado más preocupación por su poder para controlar el discurso público, lo que los republicanos suelen llamar la “censura” a las posiciones conservadoras.
En todo caso, la demanda original fue realizada por las autoridades de justicia en tiempo de Trump, por lo que no está claro el desenlace de este caso emblemático, cuya trascendencia radica sobre todo en la creciente preocupación en la opinión de Estados Unidos y a nivel global, por el poder desmesurado de las empresas tecnológicas, cuya supervisión y regulación efectiva es indispensable, sobre todo frente al desarrollo de la inteligencia artificial que es preciso encauzar para asegurar que sea utilizada en beneficio de la humanidad.
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