Lo sucedido recientemente en Estados Unidos (EUA) con el candidato populista que llegará en un par de meses a gobernar ese país y lo que sucede día tras día en México desde hace ya más de cinco años, es una muestra fehaciente de que las sociedades desiguales terminan por no funcionar, por tomar malas decisiones en cuanto a quienes los gobiernan o terminan, al paso del tiempo, por colapsar con consecuencias en lo político, lo económico y en lo social.
Cuando un grupo político o económico acumula demasiado poder y logra imponer, sin negociación ni diálogo de por medio, solo lo que beneficia a ese grupúsculo empoderado estamos en serios problemas. En estas condiciones es fácil que muchos se olviden de la importancia de los derechos humanos y de la libertad.
Ejemplos tenemos muchos hoy en Latinoamérica: dictaduras, populismos, gobiernos autoritarios, polarización, etc., que anuncian que no habrá prosperidad ni a corto ni a mediano plazo de seguir por este camino.
Los problemas sociales, los muy altos índices de criminalidad, la violencia y el descontento social facilitan la compra clientelar a cambio de sobrevivencia y/o aprobación. Esto, que se disfraza de justicia social, no da resultados positivos, ni genera crecimiento sostenido, ni estabilidad, ni reduce a mediano plazo la desigualdad.
La gran pregunta en estos tiempos difíciles es: ¿cómo generar las condiciones que ayuden a disminuir la terca desigualdad?
El desafío es portentoso, especialmente en una población económicamente activa que en más de un 50% tiene un trabajo informal y que por lo tanto carece de seguridad social. ¿De dónde podrán salir tantos recursos para lograr atender las necesidades de la población?
Es evidente que México necesita desde hace varios años una reforma fiscal progresiva. Esto es, que los que tienen más paguen más impuestos y los que tienen menos paguen menos, pero que todos paguen. El asunto no es subir o bajar impuestos sin ton ni son, se trata de a quién bajárselos y a quién subírselos y en qué porcentajes se puede llevar a cabo esta compleja operación.
La enorme desigualdad, dicen los expertos, comenzaría a remitir con una mejor redistribución de la riqueza propiciada por una reforma fiscal de este corte. Esto opinan, entre otros, los ganadores del premio Nobel de Economía 2024 o Joseph E. Stiglitz, Nobel de Economía 2001.
Estos mismos autores proponen como condición imprescindible para una menor desigualdad y el verdadero fortalecimiento de la democracia, la existencia de instituciones públicas que garanticen los derechos a la educación, la salud, la libre competencia, la libertad de expresión y elecciones transparentes.
Instituciones en favor de la ciudadanía que protejan los derechos de las minorías y que den certeza a inversionistas y trabajadores. De la existencia de estas instituciones depende en buena medida no solo el Estado de Derecho, sino también el crecimiento económico.
Lo que aún muchos no han logrado comprender es que la debilidad o desaparición de las instituciones no solo daña a las libertades, daña el crecimiento económico de una sociedad abrumada por tanta desigualdad y abuso.
POR TERE VALE
COLABORADORA
@TEREVALEMX
EEZ
