Morena es lo de menos. Supongamos que pienso lo que no pienso: que Morena es la esperanza de México, que su conquista de un poder cuasi hegemónico rayano en lo absoluto es lo mejor que habría podido pasar y que la democracia liberal y el sistema de contrapesos están sobrevalorados. Incluso quienes abracen esa idea de mundo deberían temer un regreso de –pongámoslo en sus términos– el PRIAN. ¿Imposible? Lo mismo decían de que el PRI perdiera el control político del país. O de que lo recuperara. O de que el obradorismo conquistara el poder.
Si mañana pierde Morena y la Cuarta Transformación se despeña en lo que para ellos sería el Quinto Infierno, ¿quién podrá defenderlos? ¿Quién los protegerá de las corruptelas de los voraces priístas, del conservadurismo moral de los reaccionarios panistas, de los atentados musicales y las primeras damas de los fosforescentes emecistas? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no.
La noción de derechos humanos es reciente. Nace como resultado de la Segunda Guerra Mundial, es decir del Holocausto nazi pero también de las razzie fascistas, de las purgas estalinistas, de los abusos que los totalitarismos desplegaron con impunidad sobre propios y ajenos en la primera mitad del siglo XX. Las violaciones a los derechos humanos no son, sin embargo, privativas de gobiernos autoritarios: el racismo de Estado en los Estados Unidos pre lucha por los derechos civiles o en la Sudáfrica del Apartheid, Acteal y Aguas Blancas –o Ayotzinapa– y la violencia policial que diera origen a Black Lives Matter representan episodios lesivos de los derechos humanos perpetrados por regímenes con menor o mayor razón para pretenderse democráticos.
Si bien las violaciones a los derechos humanos no son privativas del Estado o de los gobiernos, son éstos los responsables no sólo más frecuentes sino más perniciosos de ellas al tener por definición jurídica el monopolio de la violencia. Justo para defender a los ciudadanos de la inequidad en esa correlación de fuerzas es que fue desarrollada a partir de 1993 la noción de organismos nacionales de defensa de los derechos humanos emanados de los Principios de París adoptados por los países miembros de la ONU ese año.
Instituciones cuya principal función es controlar, vigilar y limitar los Poderes constitucionales y quien los ejerce, las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos deben por fuerza ser autónomas de los gobiernos. La única razón de Estado a la hora de nombrar a sus titulares es que sean independientes del poder, sin importar el partido que lo detente o la popularidad o legitimidad de sus líderes.
Politizar los derechos humanos, subvertir el debido proceso de la elección de un ombudsman e invocar la razón de Estado para ello equivale a someter a la ciudadanía a un rosario de agravios.
POR NICOLÁS ALVARADO
COLABORADOR
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