México aún se puede considerar un estado republicano. En una República, la división de poderes se basa en la existencia de tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; éstos no trabajan de forma aislada, sino que, al contrario, se busca que tengan los sanos equilibrios para que ningún poder esté por encima de otro.
Hace unos días, una jueza emitió una sentencia en donde ordena eliminar del Diario Oficial de la Federación el decreto que valida Reforma Judicial.
En una democracia como la nuestra, cuando un juez emite un fallo, si no estás de acuerdo con lo que el juez está dictando, el siguiente paso es apelarla.
Pero aquí, el oficialismo hizo dos actos, el primero: no cumplir con esa sentencia, y el segundo: ahora, usar el discurso que el pueblo les dio ese mandato (aunque haciendo cuentas, Morena sólo obtuvo 54 por ciento de la votación el pasado 2 de junio, o sea, que hay un 46 por ciento del pueblo mexicano que no está de acuerdo con el régimen) de presentar una reforma constitucional, mejor conocida como la “supremacía constitucional”.
¿Qué está buscando el oficialismo en esta reforma constitucional?
Las reformas a las que nos referimos plantean modificaciones a los artículos 105 y 107 de la Constitución, para que, en su caso, si existen reformas constitucionales, éstas no puedan ser impugnadas ni suspendidas.
El artículo 105 señala que “son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución”.
Una controversia constitucional y una acción de inconstitucionalidad son recursos con los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede analizar leyes y reformas aprobadas por el Congreso.
Por otra parte, el artículo 107 añade que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución”.
Ahora, en toda reforma siempre existen las letras chiquitas, se les llama artículos transitorios, que son muy importantes.
La reforma también contempla un artículo transitorio sobre la retroactividad de las leyes que señala: “los juicios, recursos y consultas en los que se haya cuestionado la validez de una adición o reforma a esta Constitución, por su forma, procedimiento o fondo, y que a la fecha de entrada en vigor de este decreto se encuentren en trámite, se sujetarán de manera directa a lo que este dispone, quedarán sin materia y serán sobreseidos”.
Esto quiere decir que, todos los procesos o recursos actualmente en trámite para cuestionar alguna reforma (como por ejemplo la reforma judicial), tendrán que desecharse y no podrán seguir en trámite.
Este fin de semana serán nuestros festejos del Día de Muertos, y hay un dicho popular que dice “De muertos y tragones, están llenos los panteones”.
Así está hoy el oficialismo, haciendo reformas sin moderación y poseídos por la gula del poder.
CITA: Todos los procesos o recursos actualmente en trámite para cuestionar alguna reforma (como por ejemplo la reforma judicial), tendrán que desecharse y no podrán seguir en trámite
POR RÚBEN GUAJARDO DIPUTADO POR EL PAN EN SAN LUIS POTOSÍ
PAL
