En materia de seguridad las autoridades de la Ciudad de México siguen siendo reactivas y solo después de ahogado el niño tapan el pozo.
Al menos así se desprende de la tardía respuesta para revisar la legalidad de las motocicletas que circulan en el primer cuadro de la ciudad a dos días de que a bordo de una de ellas huyera el agresor de la activista y diputada local suplente por Morena Diana Sánchez Barrios, quien además asesinó a dos personas en pleno Centro Histórico.
Lo anterior evidencia que el Gabinete de seguridad local aún se encuentra ajustando la Estrategia en la materia y que los lamentables hechos lo tomaron por sorpresa y solo atinaron en ordenar la revisión de las motocicletas y sus ocupantes, pero solo en las avenidas primarias que rodean el primer cuadro de la CDMX, aunque el verdadero problema está en las calles por donde transitan comerciantes y clientes todos los días.
De paso contradice la narrativa de que la incidencia delictiva de la CDMX se redujo en más del 50%, ya que los únicos delitos que bajaron fueron algunos de alto impacto, porque la suma de todos (delitos totales), no dejaron de crecer desde 2021 a 2023 y únicamente disminuyeron en 2020 por el efecto de la pandemia. Tampoco debemos olvidar que en 2023 la incidencia de delitos como homicidio doloso, extorsión y secuestro repuntaron respecto de 2022, pero aun así, la narrativa no cambió.
Pero volviendo al tema de las motocicletas, es necesario subrayar que son el medio de transporte preferido por quienes operan al margen de la ley, convirtiéndose en la logística delictiva por excelencia gracias a la facilidad con que se desplazan y la impunidad de la que gozan, ya que nadie los revisa, excepto si hay alguna coyuntura que haga que las autoridades volteen momentáneamente hacia ellas.
Hoy encontrar un conductor con casco y motocicletas con sus placas y documentación en regla solo se puede hacer en algunas de las vías primarias, porque sobre las secundarias y las calles interiores de las colonias o barrios, el común denominador es que no traen dicha protección y tampoco su documentación en regla.
En las áreas donde la vigilancia por parte de la autoridad es escasa o nula (como sucede en la mayor parte de las colonias) los conductores de motocicletas no respetan el reglamento de tránsito: se pasan los semáforos en rojo, no usan casco, no respetan a las personas que caminan por la banqueta y en lugar de placas traen un permiso que consiguen por 80 pesos, total la autoridad les permite eso y más, a veces a cambio de una dádiva.
Son tantos los motocicletas que violan flagrantemente el reglamento todos los días y a toda hora que no alcanzarían los policías para atender este problema relativamente menor, pero que puede evolucionar hasta secuestro y homicidio doloso; así han comenzado los delincuentes más famosos como Daniel Arizmendi (a) “El mochaorejas”), quien inició robando tapones de rines de automóvil y como nadie le puso un alto terminó secuestrando y mutilando a sus víctimas por el solo hecho de que “no me dieron mi dinero, por ávaros”.
Sobre la problemática que hoy enfrenta a la Ciudad de México en materia de seguridad, habrá que recordar que un clima de violencia parecido se registró en 2003, sin embargo con la puesta en marcha del programa emergente denominado CAT-03 impulsado por la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) del criticado presidente Vicente Fox, permitió en 2003, justo en la gestión de AMLO como jefe de gobierno y Marcelo Ebrard como SSP, resolver el problema que generaron en su momento “Beto pelotas” y “Hugo Bocinas”.
Uno de los Ejes rectores de dicho programa fue la estricta revisión de las motocicletas que circularan en el interior de la colonia Morelos (Tepito) y el Centro Histórico en general, logrando retirar de circulación un total de 900 motocicletas y remitirlas al corralón, de las cuales casi 600 no fueron reclamadas por sus dueños por carecer de documentos. No estaría mal repetir esta medida ahora que las motocicletas pululan en el primer cuadro y que nadie parece hacer nada.
No está de más recordar que una variable que contribuyó en disminuir la violencia y los homicidios dolosos en general en Medellín y Cartagena, Colombia, fue obligar a que los motociclistas portaran un chaleco con el número de las placas de su unidad vehícular, incluido su acompañante, así como a colocar la misma matrícula en su casco para detectarlos desde el aire, solo que políticamente no es lo más correcto.
POR FACUNDO ROSAS R.
EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL
@FACROSAS
MAAZ
