“Ante lo que estamos viendo, quizá pronto sólo nos quedará volver a marchar en las calles y plazas de todo México, con la consigna ¡repudio total al fraude electoral!” Así concluyó Jorge Alcocer un texto publicado el pasado 2 de marzo, que les recomiendo leer, pero sobretodo reflexionar ¡Porque nunca antes se había visto tanto cinismo!
Hace apenas unos días legisladores de Morena y organizaciones afines al partido oficialista encabezados por el diputado y vicecoordinador de la bancada guinda en San Lázaro Alfonso Ramírez Cuellar, echaron a andar una estrategia nacional para que más de 20 millones de personas salgan a votar en la elección judicial el próximo 1o. de junio, a través de una organización que denominaron “Construyendo Justicia” (…sic), creada el pasado 28 de febrero.
Resulta que Morena, sus diputados, senadores y un puñado de claudistas ya no son de Morena. Ahora van a participar abiertamente en la elección judicial disfrazados, como si se tratase de una botarga, de sociedad civil. Haciendo uso de recursos públicos desde el ejecutivo, el legislativo, el propio partido político y de todas las organizaciones partidistas afiliadas y afines a Morena.
Su estrategia de difusión de la elección, según lo anunciaron, incluye pinta de bardas, pago de pautas en redes sociales, realizar llamadas telefónicas, visitar universidades y transmitir información a trabajadores que forman parte de sindicatos y cámaras empresariales, a través de los cuales pretenden obtener 20 millones de votos. Así lo expresó el operador claudista al arranque de los trabajos.
Con voz en cuello y sin pudor alguno Ramírez Cuellar afirmó que Morena contará con el apoyo de sindicatos de trabajadores de la salud, telefonistas, electricistas, ferrocarrileros, y bueno, hasta la mismísima otrora aliada priista CTM.
En síntesis, proselitismo puro y duro que nos remonta a aquellos viejos tiempos de los años 50’s y 60’s.
Valdrá la pena que echen un vistazo a la Reforma que ellos mismos aprobaron, donde se establece que estará prohibido el financiamiento público o privado, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidatas y candidatos.
Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna, aunque para ello lo disfracen como difusión del proceso. Eso le toca al INE, a pesar de los recortes presupuestales que también le hicieron para la elección judicial.
Porque hablando en términos jurídicos bien aplica el axioma “A confesión de parte, relevo de pruebas”, y ante esto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe intervenir de inmediato para detener esto. Es su obligación.
¿O acaso el resto de los candidatos a jueces, magistrados y ministros van a competir contra el acarreo de Morena y el gobierno actual? ¿Acaso la razón de todo el desastre que se hizo al destruir al Poder Judicial no fue para que los ciudadanos eligieran libremente?
Mientras más pasa el tiempo y se acerca el día de la elección judicial, es más evidente que el capricho que los levantadedos le aprobaron a Andrés Manuel López Obrador, solamente fue una jugada distractora para desestabilizar a uno de los tres pilares del Estado Mexicano, el Poder Judicial, y mantener a todo el país ocupado para que no tener que rendir cuentas sobre los vínculos de su gobierno con la delincuencia organizada o la opacidad en el uso de los recursos públicos, y que miles de juzgadores estuvieran más ocupados tratando de sobrevivir a sus proyectos de vida pisoteados, que en fincarle responsabilidades.
Por si fuera poco la presidentA Claudia Sheinbaum todas las mañaneras dedica una espacio para seguirlos golpeando con señalamientos y acusaciones sin sustento. Esto demuestra que el derrumbe del Poder Judicial en realidad representa la sobrevivencia de la 4T.
De esta manera se explica que el planteamiento de Reforma Constitucional al Poder Judicial que hicieron, únicamente fue para dejar prácticamente inmovilizados para competir electoralmente a los juzgadores, sin considerar el retroceso. Ya que lo importante era poder organizar con total impunidad un fraude electoral de proporciones inauditas. Sin representantes de los candidatos en las casillas, sin observadores, sin hacer el conteo de los votos y sin anular las boletas que no se utilizaron dentro de las mismas casillas por los propios ciudadanos vigilantes del proceso y a la vista de todos.
Si los candidatos no van a tener acceso a vigilar el conteo de los votos y de las actas, pues entonces van a poder manipular a conveniencia los resultados de la primera elección del Poder Judicial. Como en los más añejos tiempos del PRI, los cómputos serán un absoluto acto de fe.
Lo más delicado para la Justicia, pero particularmente para nuestro país, es el daño colateral que representa atender los caprichos de un solo personaje cuyo objetivo primordial es aplicar al interior del Poder Judicial la misma tesis de incorporar juzgadores 90% lealtad y 10% capacidad intelectual (aunque haya que corregir sus resoluciones), ante el temor de ser sentenciado por corrupción de la misma manera que le sucedió a Luiz Inácio Lula da Silva por el escándalo de Petrobras.
Ante este panorama, a los ciudadanos no nos queda otra cosa más que actuar con inteligencia y denunciar la construcción del monumental fraude electoral de la primera elección del Poder Judicial, como sugiere Jorge Alcocer.
Que es como en realidad debería llamarse el proyecto impulsado por Alfonso Ramírez Cuellar, quienes abiertamente, a la luz de todos y con el mayor cinismo, se están dedicando todas las estructuras del régimen de la 4T.
Y no es pregunta.
POR MARTHA GUTIÉRREZ
@MarthaGtz
Analista, Consultora Política y Vocal del Consejo Directivo Del Instituto de Política y Gobernanza, A. C.
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