En México, el desplazamiento forzado ha alcanzado niveles alarmantes, con miles de personas obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia y el control territorial de grupos criminales. Este fenómeno, presente en regiones como Chiapas, Michoacán y Guerrero, expone la falta de condiciones de seguridad y justicia en el país. En el caso del municipio de Tila, Chiapas, hace unos mesesmás de 4,000 personas tuvieron que abandonar de su comunidad tras sufrir ataques armados que destruyeron viviendas, sembrando el miedo entre sus habitantes.
Estos desplazamientosrepresentan además de un cambio de ubicación; una ruptura en la vida de quienes han perdido sus hogares y su entorno familiar. Detrás de cada persona desplazada hay una historia de pérdida y miedo, de hombres, mujeres y niños que se ven forzados a abandonar todo lo que conocen para sobrevivir. Sin alternativas de apoyo, enfrentan una incertidumbre constante, dejando atrás sus raíces y buscando seguridad en otras comunidades, sin las garantías necesarias para poder reconstruir sus vidas.
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, este año se han registrado desplazamientos masivos en al menos ocho estados, afectando a miles de personas y revelando un patrón constante de crisis humanitaria. Cada desplazamiento muestra una necesidad urgente de seguridad y protección, acompañada de una exigencia de justicia que hasta ahora ha sido ignorada por las autoridades mexicanas.. No se trata solo de recuperar el territorio frente al crimen organizado, sino de recuperar la confianza de las personas en sus gobernantes y en un Estado que debería estar ahí para protegerles.
El desplazamiento interno es un llamado a revisar de fondo el sistema de seguridad y justicia en el país. No se puede seguir actuando solo cuando la crisis ha estallado, sin ofrecer prevención ni apoyo a quienes han sido desplazados. Mientras no haya una política nacional efectiva, las cifras de desplazados seguirán al alza y el daño al tejido social será cada vez más profundo y difícil de reparar.
México no puede permanecer ajeno a las necesidades de sus propios ciudadanos. El desplazamiento interno es una señal de la deuda que tenemos con quienes buscan refugio dentro de nuestras fronteras. La obligación de proteger y ofrecer alternativas viables recae en el Estado, que debe priorizar políticas de apoyo y seguridad que eviten que esta problemática siga creciendo.Si no respondemos ahora, estaremos permitiendo que la historia de México se escriba a través del sufrimiento de sus propios habitantes, en un ciclo de violencia y desarraigo que continuará afectando a generaciones y que en este gobierno parece no dejará de ser un secreto a voces.
Por: Itzel Arellano Cruces
Consejera Regional del PAN CDMX
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