Si no fuera por las fotografías publicadas el domingo pasado mostrando el salón de plenos de la Cámara de Senadores convertido en sala de juegos y sorteos, no podríamos creer el nivel en el que se lleva a cabo la implementación de la reforma a uno de los Poderes de la Unión, el Poder Judicial.
Así, de un plumazo —de un ‘tombolazo’— se decidió el futuro de 927 Magistrados de Circuito y de 772 Jueces de Distrito. El azar determinó quiénes permanecerán en sus puestos hasta 2027 y quiénes tendrán que optar entre ser incluidos en una boleta o renunciar a seguir ejerciendo su puesto.
La mitad de los juzgadores —464 Magistrados y 386 Jueces— irán a las urnas el próximo 1 de junio para sujetarse al voto popular. No se sabe si quienes resultaron insaculados sean los más capacitados, o los mejores. No se tiene idea sobre su conducta; si su comportamiento ha sido apegado a la ética, si han aceptado componendas, si han rechazado propuestas corruptoras.
Lo que sí sabemos es que todos estos Jueces y Magistrados han recorrido el camino de los exámenes y los cursos y las capacitaciones para llegar a serlo. La experiencia acumulada por la mitad de los juzgadores de México ha sido echada al caño, y con ella, la capacidad de servicio a la sociedad que esto representa para miles de mexicanos.
Muy probablemente entre los eliminados habrá algunos faltos de probidad y algunos corruptos, pero entre los que se quedaron la probabilidad es exactamente la misma. No se planteó siquiera el intento de revisar historial ético, sanciones, prestigio acumulado. A rajatabla, injusta y arbitrariamente, se terminó con la carrera judicial en México.
Habrá ahora de lanzarse la convocatoria para la elección del próximo año y con ella la continuación del galimatías que las reformas aprobadas significan. El desastre anunciado que será esta elección encuentra justificación en el discurso oficial, sustentado en la falsa premisa de que el voto universal para elegir Jueces y Magistrados garantiza su integridad e incorruptibilidad.
Además, se ha vendido por el régimen la idea de que la elección democrática es el método adecuado para renovar al Poder Judicial. Falso de toda falsedad. En las elecciones para el Poder Legislativo votamos para elegir a nuestros representantes. Pero los integrantes del Poder Judicial no son representantes del pueblo, sino de la Ley.
¿Qué puede ofrecer en campaña un candidato a juez? Ciertamente no deberá prometer fallar a favor de sus representantes, ni promover obras públicas o modificaciones reglamentarias. Su compromiso es con el marco legal y la salvaguarda de los derechos humanos. Un juzgador no es representante popular, sus decisiones no deben buscar el aplauso de las mayorías, sino la verdad.
Por donde se le vea, la sinrazón priva en cada paso de la malhadada reforma judicial. ¿Qué razón subyace en la férrea defensa de la Presidenta de esta herencia maldita?
POR CECILIA ROMERO CASTILLO
COLABORADORA
@CECILIAROMEROC
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