En un nuevo acto desesperado por detener la reforma al Poder Judicial —que ya fue aprobada y publicada constitucionalmente— ocho de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dieron entrada a otras supuestas acciones de inconstitucionalidad para reintentar frenar lo que ya es ley.
Los ocho ministros, comandados por la titular de la SCJN, la priista Norma Piña, cometieron otro atropello flagrante a las normas jurídicas.
Y es que la SCJN no tiene facultades ni atribuciones para revisar, mucho menos para revocar, la constitucionalidad de ninguna reforma que cumplió al pie de la letra con el procedimiento que establece la Constitución para ser aprobada.
El artículo 135 de nuestra Carta Magna establece que, para realizar modificaciones o adiciones a la Constitución, además de ser aprobada por una mayoría calificada del Congreso de la Unión, deben contar con la aprobación de la mayoría absoluta (la mitad más uno) de los congresos de los estados de la República.
El procedimiento para realizar la reforma al Poder Judicial fue meticulosamente cuidado y, en consecuencia, fue impecable su aprobación, por lo que no hay materia para poder impugnarla.
Ahora bien, intentar meterse al fondo de la reforma es, por decir lo menos, un despropósito, por la sencilla razón de que la SCJN no tiene atribuciones ni facultades para hacerlo.
Lo que están orquestando los ocho ministros conservadores es, en realidad, un ataque directo al Constituyente Permanente, es decir, a la Cámara de Diputados, al Senado de la República y a los congresos locales que ya aprobaron la reforma.
La Corte, en otras palabras, se ha extralimitado en sus facultades y está consumando un acto estrictamente político, carente de sustento jurídico y, por lo tanto, están actuando de manera facciosa.
Se trata de un acto de desesperación, en el que la Corte pretende colocarse como un suprapoder, por encima de los otros dos Poderes de la Unión, de manera oprobiosa.
Lo más grave de este atropello es que se está pasando por encima del artículo 39 constitucional, el cual establece claramente que la soberanía reside en el pueblo de México y está facultado para cambiar la Constitución a través del Congreso de la Unión y de los congresos locales.
Dicho en otras palabras, la mayoría de los mexicanos votaron el 2 de junio pasado por un proyecto de nación que ofreció una transformación profunda que contempla, entre otras cosas, depurar la corrupción innegable que existe en el Poder Judicial.
Pero la SCJN se opone al mandato popular y soberano del pueblo porque para la ministra Piña, sus privilegios y su estatus quo están por encima de todo.
Así lo demuestra el nuevo amparo que le acaban de otorgar a otro magnate, para seguir aplazando el pago de miles de millones de pesos que les debe a los mexicanos por negarse a liquidar sus impuestos.
Esos son los privilegios que quiere conservar Piña, poder negociar directamente con los delincuentes de cuello blanco que pagan por evadir o aplazar la impartición de justicia.
Al admitir supuestas acciones de inconstitucionalidad presentadas por el PRI y el PAN, la SCJN comete otro agravio mayor al pueblo de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum denunció en su mañanera del jueves pasado que los partidos políticos no tienen, ni deben, tener injerencia en la elección de jueces, ministros y magistrados.
Es más, precisó, está prohibido por ley que intervengan en estos procesos y, aun así, de manera ilegal, la SCJN admitió los recursos del PRI y del PAN.
Pero, poco a poco, se le cierran las puertas a la señora Piña en su propia casa.
La semana pasada le dieron la espalda en el Consejo de la Judicatura Federal, organismo del Poder Judicial que también preside Piña, que administra y se encarga de la disciplina al interior del Poder Judicial.
Por mayoría de cuatro a tres, de los siete consejeros de la Judicatura, se acordó entregar al Senado las listas de los juzgadores que podrán participar en la elección del próximo 1 de junio de 2025, también determinó dejar sin efecto los amparos ilegalmente interpuestos contra la reforma judicial.
Veremos cuánto se tarda la ministra Piña, impuesta por Enrique Peña, para darse cuenta de su nueva realidad, porque la Reforma al Poder Judicial es inaplazable.
Por Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra
Diputado del Congreso de la Ciudad de México
@vromog
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