El martes 8 de octubre del presente año (apenas pasada una semana), después de tomar el cargo como primera presidenta de este país, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, presentó inmediatamente su propuesta de estrategia de Seguridad fundamentada en 4 ejes principales: Atención a las causas, Consolidación de la Guardia Nacional, Fortalecimiento de inteligencia e investigación y Coordinación absoluta en el gabinete de seguridad.
Lo anterior no es ninguna sorpresa, ya que inclusive en voz del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue una de las asignaturas pendientes a resolver de manera sustancial durante su administración.
En este sentido, la situación actual a pesar de presentar avances significativos también evidencia grandes áreas de oportunidad y en algunas zonas del país, estas debilidades serían de dimensiones colosales. Hablando de los avances, de acuerdo con los números presentados por el Secretariado Ejecutivo, los homicidios se redujeron un 18%, los robos un 30% y los secuestros un 77%, cifras bastante positivas, pero insuficientes para apaciguar el humor social y, sobre todo, para asegurar mejores condiciones de convivencia en grandes demarcaciones del país.
De lo anterior, da cuenta la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción, realizada en México año con año, ya que, si bien se ha reducido la opinión negativa, en un panorama general; todavía entre un 50 y 70% de los mexicanos, aún dicen que, se sienten inseguros. Todo a la par, de que los delitos de extorsión y violencia intrafamiliar se han disparado.
Lo que en un panorama general muestran los indicadores de medición de la seguridad en México, es que, la violencia en términos generales ha logrado contenerse. El problema, es que la dinámica de este fenómeno es cambiante y parece adaptarse rápidamente a los nuevos tiempos que se viven en el país, de esto da cuenta, la trazabilidad de las mismas cifras oficiales, en donde los delitos de alto impacto alcanzan niveles óptimos en el primer trimestre de este 2024, para después presentar un decremento o estancamiento en muchos delitos del fuero común, mientras los homicidios, no ceden en su incidencia (entre 81 y 89 diarios según las fuentes oficiales).
En 2023, por ejemplo, se reportaron 30, 523 homicidios, un poco menos que los años anteriores. Pero mantener cada año, la cifra de homicidios alrededor de los 30, 000 que, de acuerdo con proyecciones realizadas por especialistas, es también, lo que se estima para 2024, convirtió al sexenio que acaba de concluir hace unos días, en el más violento de la historia reciente.
Para zanjear esta situación e iniciar los cambios que se requieren, en sus primeros 100 días como presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado a través del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, que, se enfocará en reducir la incidencia delictiva de alto impacto en los 10 municipios más peligrosos del país y en combatir la violencia que azota al estado de Chiapas, tareas pendientes del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Lo anterior tiene mucho sentido, ya que, el 25.3% de los homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada se registran en 10 municipios; mientras que, en Chiapas, los homicidios dolosos se concentran en 12 de los 124 municipios que integran esta entidad.
Los municipios que de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentan cifras superiores a la media a nivel nacional en el indicador de homicidios (20.5%) son los siguientes: Colima (173.2), Tijuana (86.6), Acapulco (85.3), Celaya (68.3), Cajeme (67.4), Ciudad Juárez (64.1) Tlajomulco de Zúñiga (42.9), Chihuahua (38.9), León (36.9) y Benito Juárez (34.6) superan por mucho la tasa nacional.
Lo anterior responde a lo que podría interpretarse como un reacomodo de fuerzas de la delincuencia organizada y la correspondiente disputa por los territorios entre células delictivas pertenecientes al Cártel Jalisco y el Cártel Sinaloa.
Ahora bien, para modificar un problema primero hay que entenderlo, racionalizarlo y por supuesto, estudiarlo desde varios enfoques, ya que es la diversidad en las técnicas para resolverlo, lo que finalmente asegura la profundidad de la resolución.
En este sentido, el tema de la seguridad no es ajeno a esta naturaleza, los 4 principales ejes de acción de la nueva estrategia de seguridad para este sexenio buscan responder a la falta de coordinación y operatividad táctico-operativa, que se había venido presentando desde incursiones pasadas, poco exitosas en muchos territorios llenos de inseguridad y dominados por el narcotráfico en México.
A su vez, esta serie de nuevas medidas, buscan incrementar la suficiencia en el despliegue de tropas a los lugares de conflicto en el menor tiempo posible fortaleciendo las labores efectuadas previamente por las áreas de inteligencia, cuyo factor más importante siempre será el tiempo de reacción.
Todo acompañado por una propuesta de transversalidad y trazabilidad de la investigación, enriquecida por las áreas de Inteligencia financiera y operativa. Pero la cereza del pastel es la implementación de una cooperación estrecha y permanente con las fiscalías y los jueces para iniciar con la judicialización de los procesos delictivos tendientes a la delincuencia organizada en el menor tiempo posible.
Se trata de establecer una reingeniería de procesos entre el proceso de investigación y la manera en cómo se procesan los casos de delincuencia organizada y delitos de alto impacto que, ayuden a darle celeridad y certeza a las autoridades para procesar y detener a la mayor cantidad de objetivos prioritarios y generadores de violencia en todo el país, de la mano de un sistema nacional de inteligencia que será coordinado desde la subsecretaria de inteligencia en la SSC en manos del titular de esta dependencia y por supuesto, apoyado por el CNI y los órganos estatales.
Un punto medular de esta coordinación es la absoluta homogenización de criterios y procesos de ejecución en todos los territorios a nivel nacional, todo ello, responderá a una serie de cambios estructurales que también habrá en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el cuál , además de llevar la parte estadística y la interpretación de dichos insumos también, habrá de ser un replicador de la capacitación en la formación policial en todos los cuerpos de esta naturaleza en el país, la evaluación permanente y en su caso la certificación de sus capacidades.
En resumen, esta serie de medidas demuestran que el plan de seguridad denota un trabajo de exploración y diagnóstico que se ha elaborado con tiempo y mucha meticulosidad. Hasta ahora, la parte inicial de esta nueva estrategia no muestra ninguna debilidad en sus líneas de acción; pese a ello habrá que visualizar con el tiempo si los indicadores de medición, objetivos y propuestas de cambio estructural logran concretarse en beneficio de la paz y la tranquilidad de todos los mexicanos.
POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES
PRESIDENTE DEL INAP
