El gobierno dividido (el Ejecutivo es de un partido y en el Legislativo domina otro) puede ser freno o motor de la democracia. Es motor cuando los actores políticos negocian con inteligencia y privilegian genuinamente los intereses de la sociedad, y es freno -y frecuentemente venero de conflictos- cuando los intereses de las partes prevalecen y reina la intransigencia.
Eso último está ocurriendo en Nuevo León, donde el Congreso del Estado, dominado por PRI y PAN, mantiene una confrontación permanente con el gobernador Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano. El choque de poderes ha tenido diversos episodios que van desde el escudo de la entidad hasta el presupuesto de Nuevo León, pasando por el nombramiento del fiscal y la retención de participaciones federales a municipios.
Clímax de esa situación ha sido el intento del Congreso de someter al gobernador a juicio político. Los legisladores de oposición han tenido el respaldo, con soeces bravatas incluidas, de los líderes nacionales de los partidos que integran el Frente Amplio por México, PAN, PRI y PRD.
Hace una semana, el 21 de septiembre, se informó que Samuel García, quien tiene el respaldo explícito y reiterado del presidente Andrés Manuel López Obrador, llegó al insólito extremo de pedir y obtener amparo (suspensión provisional) para él y once familiares, incluidos sus padres, sus suegros y su esposa Mariana.
La demanda de amparo atañe a posibles actos de fiscalías y juzgados, tanto del ámbito federal como del estatal de Nuevo León y Coahuila. La demanda fue presentada ante un juez de distrito de Tamaulipas porque las autoridades penales y judiciales de las dos entidades mencionadas (incluso las federales) están, en opinión de los demandantes, "controladas" por el PRI y el PAN.
Por su parte, el gobernador ha sido señalado por agresiones a familiares de legisladores, en particular cierre de sus negocios y hasta cortes injustificados del servicio de agua, y también por presionar a diputados para que se sumen a Movimiento Ciudadano, o renuncien a sus curules, presiones que -sostienen los denunciantes- también se han enderezado contra alcaldes.
A esas presiones se atribuye la renuncia del diputado panista Fernando Adame y de su suplente y hermana, María Amparo.
La renuncia dio origen a una serie de quejas que han involucrado, además del Congreso, al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) de Nuevo León, al Tribunal Electoral del Estado, al Tribunal Superior de Justicia, a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y han llegado incluso a la Sala Superior del TEPJF.
Por si fuera poco, a la bronca legislativa se sumó la dimisión de la diputada priista Alhinna Vargas García, el 15 de septiembre, aparentemente por razones de salud. Al recibirse la renuncia, Movimiento Ciudadano dio la bienvenida a la suplente de Alhinna, Rosaura Guerra, quien se afilió meses atrás a MC. Sin embargo, la mayoría PRI-PAN fijó un plazo de 15 días para la protesta.
Plus Online: La curul que todos quieren
Cuando el diputado Adame y su suplente y hermana, ambos del PAN, presentaron su renuncia, el Congreso tomó protesta a la panista Cecilia Robledo como sustituta, en tanto que el IEEPC, presidido por Beatriz Camacho Carrasco, recibió solicitudes de Morena y MC para que la curul se les asignara. Con tal motivo, el Instituto presentó ante el Tribunal Electoral nuevoleonés una consulta competencial, a fin de precisar a qué instancia le correspondía asignar la curul, consulta que fue desechada por no estar prevista en ley.
Sin embargo, el Tribunal Electoral local revocó la asignación del Congreso y determinó que el Instituto es quien tiene las atribuciones para cubrir la vacante, pero horas antes de que el IEEPC hiciera la asignación, el Tribunal Superior de Justicia suspendió la sentencia del Tribunal Electoral, debido a una controversia presentada por el presidente del Congreso.
El 12 de septiembre el Instituto presentó un juicio electoral ante la Sala Monterrey del TEPJF, presidida por Claudia Valle Águilasocho (fuerte aspirante a un asiento en Carlota Armero), para que la Sala Superior conociera del asunto. En ésta se ha propuesto reencauzar el asunto a la Sala Monterrey para que ésta resuelva, pero hasta el mediodía del miércoles 27 no se había informado de una resolución firme. Además, en la Sala Superior hay al menos otros nueve asuntos planteados por distintos actores.
El interés por la curul vacante se debe a que era esencial para que la oposición tuviera la mayoría calificada (28 diputados), que poseía antes de la renuncia de los hermanos Adame. Conforme a la lista de asignación de diputados de RP, la curul correspondería a la panista Cecilia Robledo, pero su caso está en litigio.
Comoquiera, lo más probable es que la oposición pierda de todos modos la mayoría calificada, a causa de la renuncia de Alhinna Vargas, del PRI, y la sustitución por una militante de Movimiento Ciudadano.
POR EDUARDO R. HUCHIM
COLABORADOR
@EduardoRHuchim
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