Desde hace mucho tiempo Estados Unidos de América y Canadá han robustecido el volumen de negocios trilaterales alrededor del sector energético en México. El país de la hoja de maple ha invertido miles de millones de dólares en la minería, mientras que los estadounidenses han diversificado su portafolio de inversiones, aunque principalmente, sus apuestas económicas han transitado en medio del petróleo y sus derivados, así como de la industria automotriz.
Por esta razón, es de entender que ambas naciones a mitad del sexenio decidieran interponer mecanismos de revisión, alrededor de la reforma energética impulsada por la actual administración, argumentando un supuesto daño a sus intereses y, sobre todo, a la salud de sus inversiones. Por supuesto, estas quejas eran infundadas, ya que normativamente el bienestar de su dinero invertido en los sectores productivos antes mencionados, no se ponía en entredicho, al contrario, ya estaba asegurado mediante contratos cuya vigencia ni siquiera puede someterse a revisión. Sin embargo, el futuro de las próximas transacciones en suelo azteca debería someterse a escrupulosos mecanismos de revisión de condiciones laborales bajo otros estándares muy distintos a las que se efectuaron en un pasado.
Lo que se buscaba por parte de las autoridades federales, es lo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha referido en múltiples ocasiones, la autosuficiencia energética en este país, entendida como un pilar del desarrollo estructural para la nación en los siguientes años. Para ello el fortalecimiento de la infraestructura energética es vital para concretar este objetivo.
Pero ¿acaso para los Estados Unidos al igual que para Canadá, es conveniente que su socio comercial logre este objetivo una independencia energética? ¿En realidad apoyarían dicha moción dada la marcada influencia y primacía en las relaciones de negocios entre los tres países los otros socios comerciales de México en el TMEC?
La respuesta pasaría entonces por el tamiz de lo que la geopolítica histórica ha demostrado a lo largo de los años y eso es que, la supremacía económica estratégica de las grandes potencias en el mundo basa principalmente sus efectos sobre otras naciones en vías de desarrollo, a partir de la recolonización de sus recursos naturales y la imposibilidad de que estas pequeñas naciones, puedan crecer o ser protagonistas en el concierto internacional.
Bajo esta evidencia, cualquier administración que tome en sus manos el destino de los recursos energéticos en México, deberá entender que la presencia de Estados Unidos en el orbe internacional es un componente importante y sustancial que no puede dejarse de lado al momento de efectuar una negociación con otros participantes o tratar de diversificar el portafolio de proveedores de alguno de los componentes de la cadena de derivados del petróleo.
Pese a ello, esta serie de medidas, son lo que se tendría que hacer, si es que se quiere fortalecer la independencia energética y la autosuficiencia de recursos fósiles en el país, asegurando de esta manera el crecimiento sostenido de las energías renovables en el futuro inmediato.
Al parecer esta visión es la que ha decidido instrumentalizarse desde las oficinas de Pemex, ya que la llegada de la división de combustibles de la compañía rusa Lukoil, así lo deja entrever. Con la confirmación de los primeros embarques de combustibles hacia México procedentes del gigante Euroasiático, se pondrá fin a un monopolio en el abastecimiento de combustibles por parte de los Estados Unidos hacia territorio nacional, lo que significa que los pasos hacia la consolidación de opciones comerciales y estratégicas en el horizonte nacional pudiera no ser un plan descabellado después de todo. Sobre todo, si se toma en cuenta que hasta el año pasado el 90% de las importaciones de combustibles en este país, proceden del vecino del norte lo que da muy poco margen de maniobrabilidad al mercado nacional para mejorar precios al consumidor.
Ante el panorama ya descrito, sería conveniente preguntarse, ¿quién saldría ganando con la consolidación de estas transacciones? Ambas partes. En primer lugar, Rusia debido a que la viabilidad financiera de sus empresas energéticas podría encontrar una alternativa factible fuera del bloqueo comercial que se le ha impuesto por parte de los Estados Unidos y sus aliados en Europa y otras partes del mundo.
En segundo lugar, México ya que rompería el cerco comercial de precios impuesto desde Estados Unidos a los energéticos nacionales, al implementar una verdadera liberalización de los proveedores de combustibles en este país, con una disminución significativa y sustancial en los precios de estos productos que les ofrecieran mayores beneficios y opciones a los consumidores mexicanos.
Y es que, aunque, México ha importado de Rusia solo una vez desde que comenzó la guerra, los embarques rusos han hecho otras incursiones en América latina. Brasil, por ejemplo, ha estado importando volúmenes récord de diésel ruso. Argentina también ha incrementado significativamente sus volúmenes de compra de nafta y diésel.
En resumen, esta medida ayudaría a mantener en márgenes de manutención saludables y prósperos, a la balanza comercial de energéticos en el país; pero, sobre todo, diversificaría el abanico de proveedores con los que actualmente se atiende dicha demanda. Mantener buenas relaciones con los Estados Unidos y Canadá es prioritario, pero lo es aún más, ante la vorágine de cambios en el escenario internacional de competencia estratégica, que la economía nacional potencialice su capacidad de resiliencia y flexibilización ante la creciente incertidumbre y profunda volatilidad que hay en muchos sectores de la economía internacional. Ser dependientes en el sector de los combustibles, hoy más que nunca, sería consumar una esquela en el desarrollo estratégico de la nación que le pondría grilletes a la evolución fructífera de las cadenas productivas en territorio nacional.
POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES
PRESIDENTE DEL INAP
EEZ
