En el marco del Día de las Madres, es pertinente hablar de una forma de violencia que se ejerce en contra de la maternidad: la esterilización forzada.
Vivimos en una sociedad en la que la maternidad es celebrada en el ámbito de lo privado, pero en muchas ocasiones en la esfera de lo público es considerada un “inconveniente”. Ya en múltiples ocasiones he abordado la grave problemática de la discriminación laboral por embarazo como un ejemplo de esta realidad. La esterilización forzada no se queda atrás.
En México, la esterilización forzada está lejos de ser cosa del pasado, ha sido denunciada por organizaciones de la sociedad civil desde hace décadas. Incluso en 2001 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una Recomendación (45-49/2002) al gobierno mexicano en la que advertía que el personal médico de las clínicas rurales de las instituciones de salud pública, obligaban a las mujeres que acudían a consulta a utilizar el dispositivo intrauterino (DIU) como método de control natal, bajo amenaza de perder apoyos de programas gubernamentales en caso de no aceptar.
A pesar del escándalo en su momento, el fenómeno sigue ocurriendo, en 2021 la CNDH emitió otra Recomendación (45/2021) al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por los malos tratos y la presión psicológica que recibió una mujer en proceso de parto, quien fue forzada a aceptar una cirugía de esterilización.
Pero esto no es exclusivo de nuestro país, en 2016 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) conoció sobre el caso de I.V. (siglas asignadas para mantener la confidencialidad sobre su identidad), mujer peruana a la que –tras la cesárea de su tercera hija- se le ligaron las trompas de Falopio sin haber sido consultada de manera previa, libre e informada respecto de la esterilización; quien se enteró que había perdido su capacidad reproductiva permanentemente hasta el día siguiente de practicada la misma.
Al respecto, la CorteIDH reconoce que estas prácticas están motivadas por 1) una lógica de cuidado paternalista debido a que se parte de la idea de que las mujeres no toman decisiones responsables en el futuro para evitar un nuevo embarazo; 2) una perspectiva estereotipada de que las mujeres son las únicas responsables de la anticoncepción; y 3) bajo la pre-concepción de que la esterilización debe realizarse en el transoperatorio de una cesárea cuando ellas no están conscientes, a pesar de que -en el caso de I.V.- no es una urgencia o emergencia médica.
Así pues, la esterilización forzada se trata de una forma de violencia que se ejerce en contra de mujeres por considerarlas incapaces de ejercer una maternidad responsable, incapaces de decidir cuántos hijos tener. Negándoles, sin siquiera informarles, la capacidad de decidir cómo y cuándo ejercer su maternidad.
En ese sentido, no podemos ignorar el perfil de las mujeres que están sufriendo este tipo de violencia: se trata de mujeres que viven en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, tal es el caso de mujeres indígenas, con discapacidad, migrantes irregulares y privadas de su libertad. El trasfondo es claro y escalofriante, vivimos en una sociedad que no quiere que se reproduzcan, que no haya más de ellas.
Así pues, una sociedad que rechaza la maternidad en estas condiciones en lugar de ofrecerle oportunidades dignas, la encadena, la aniquila es INCOHERENTE, VIOLENTA e INJUSTA.
POR VALERIA GONZÁLEZ RUIZ
COORDINADORA DE VINCULACIÓN E INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS EARLY INSTITUTE
MAAZ