Salvo que quisiera echar por la borda su prestigio y su autonomía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tenía otro camino que el elegido: invalidar las reformas a dos leyes contenidas en el llamado Plan B político-electoral, sin entrar al fondo de las impugnaciones y sólo por las flagrantes y diversas violaciones al proceso legislativo cometidas en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República.
El fallo de este lunes 8 de mayo de 2023, que invalidó reformas aprobadas en diciembre de 2022, prefigura lo que puede ocurrir con las otras seis leyes del Plan B (una nueva) y sus reformas aprobadas en febrero de 2023. Es decir, lo más probable es que la totalidad del Plan B sea invalidado.
Debe precisarse que la Corte no se pronunció sobre el contenido de las reformas de diciembre porque no llegó a él, debido a que antes de abordar puntualmente las reformas, debía examinar y resolver previamente los vicios que acompañaron al proceso legislativo y determinar si estos lo afectaron gravemente.
La mayoría de los ministros resolvió que se actualizó el potencial de invalidez que conllevaban las violaciones procesales y votó en consecuencia. Para determinar la invalidez se requerían al menos ocho votos y hubo nueve: el del ponente Pérez Dayán y los de Piña, Ríos Farjat, Zaldívar, González-Alcántara, Aguilar, Laynez, Pardo y Gutiérrez. Contra el proyecto de Pérez Dayán, algunas de cuyas consideraciones fueron rechazadas o matizadas por los ministros, sufragaron las ministras Ortiz y Esquivel, que hoy son indebidamente satanizadas porque ejercieron su derecho a disentir de la mayoría.
De la misma manera, en el deplorable marco de polarización que vive México, los otros nueve ministros también son satanizados por voceros y simpatizantes del oficialismo. Les resulta difícil comprender que, si hubieran actuado de otra manera, la dignidad y la congruencia de ministras y ministros se hubieran hecho añicos. Esto porque en otros casos iguales o parecidos al actual, ellas y ellos también votaron por la invalidez.
Lo que ocurrió con la aprobación del Plan B en el Congreso se apartó de las buenas prácticas legislativas y democráticas. Recordó uno de los rasgos peores del viejo priismo: el usar la mayoría no para vencer en buena lid a la oposición, sino para aplastarla y avasallarla. Se olvidó que, aunque criticables, mezquinas, calumniadoras y muchas veces equivocadas, las minorías son parte del Congreso de la Unión y, en más de un sentido, son pruebas de que una democracia vive, se fortalece y avanza.
Además, el gobierno y la mayoría legislativa deben ejercerse con la conciencia de que, en una democracia, la oposición de hoy probablemente será el gobierno del futuro y que la mayoría de hoy, ineluctablemente, será la minoría de mañana. Y en este ritornello continuo, es menester preservar el respeto a la Constitución, a las leyes y a las instituciones como la Corte, que hoy está injustamente sometida a la descalificación y la injuria.
Plus online: Qué invalidó la Corte
Pese a las descalificaciones procedentes del gobierno federal y de Morena, no puede acusarse legítimamente a la SCJN de resolver para dañar a la 4T porque, aparte de las transgresiones procedimentales que justifican la invalidación de las reformas a dos leyes, la Corte -insisto- ha tomado decisiones semejantes con anterioridad.
La Corte ha resuelto, a partir de 2008 y en más de 30 ocasiones, que el procedimiento legislativo previsto en la Constitución (artículos 71 y 72) “es la base del régimen democrático y no un mero formalismo”. Por esta razón, al resultar fundada la violación al proceso legislativo, la Corte declaró invalidez total del Decreto impugnado, que contiene las reformas a dos leyes generales: la de Comunicación Social y la de Responsabilidades Administrativas.
Están pendientes de resolución en la Corte las impugnaciones a la segunda parte del Plan B, contenida en el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral”, aprobado en febrero de este año.
Como estas reformas también fueron aprobadas en medio de violaciones al proceso legislativo, lo más probable -pero no seguro- es que también serán invalidadas por la Corte, probablemente en el mes de junio.
En ese marco, las amenazas de juicio político y de elegir a los ministros por voto popular, proferidas por los líderes morenistas en las cámaras de Senadores y de Diputados, deben tomarse como desahogos verbales encaminados a ablandar a los juzgadores, pero con escasísimas posibilidades de prosperar.
POR EDUARDO R. HUCHIM
COLABORADOR
@EduardoRHuchim
MAAZ
