Hace unos días el juez de control, Roberto Paredes, sobreseyó el proceso jurídico llevado en contra de Rosario Robles, determinando que los hechos atribuidos por la fiscalía a la exfuncionaria deben ser atendidos desde la vía administrativa y no penal. En ese sentido, la FGR señaló que su absolución fue un “acto de justicia inaudito” ante las pruebas presentadas en el caso de la “Estafa Maestra”, un esquema de triangulación de recursos a través de instituciones federales, incluidas Sedesol y Sedatu, encabezadas en su momento por Robles Berlanga. Debido a lo anterior, la FGR procederá penalmente en contra del juez Paredes.
En 2019 fue detenida y estuvo más de tres años bajo prisión preventiva, hasta agosto de 2022, donde un juez modificó las medidas cautelares que le permitieron llevar su proceso penal en libertad, además de que obtuvo también una suspensión definitiva que impide el cumplimiento de la orden de aprehensión que tenía por otros cargos imputados.
Se trata de una resolución absolutoria que acaba con una etapa importante de su proceso, si bien las autoridades aún tienen recursos legales que pueden interponer, se trata de un acatamiento al amparo sometido en contra su aprisionamiento preventivo. Con ello el proceso continúa en libertad ya que la FGR no tiene un caso sólido que demuestre hasta hoy su participación.
Los argumentos que llevan a su detención no justifican la inhabilitación de sus cuentas sin orden judicial ni al juicio político al que fue expuesto sin ser ya funcionaria pública y que son parte de una serie de inconsistencias y faltas al debido proceso que llevaron al juez Paredes a tomar una decisión que hoy lo tiene señalado por la fiscalía, pero demuestra que lo plasmado en la Constitución no es letra muerta y que existe también para evitar abusos del poder público.
Ahora bien, si la autoridad así lo considera, el proceso llevará un cause administrativo para lo cual se tienen que fijar tramos de responsabilidad, reglamentos internos que regulan los comités de adquisiciones y el resto del andamiaje institucional el que tendrá que ser puesto a prueba.
Se trata de la ejecución del poder del Estado sobre una sola persona como estandarte anticorrupción, perseguida por una fiscalía que además es ferozmente criticada por su ausencia en los temas verdaderamente urgentes que tienen al país sucumbido ante la violencia e impunidad.
Con la llegada de una nueva titular en la SCJN el sistema judicial parece que se fortalece al marcar una distancia de los otros Poderes de la Unión, una labor fundamental en una época donde los autoritarismos predominan y la razón que da pie al Estado de Derecho cada vez se encuentra menos.
POR AZUL ETCHEVERRY
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MAAZ