La sociedad mexicana en su conjunto ha vivido un proceso de politización sin precedentes en nuestra historia durante la Cuarta Transformación. Tanto la reforma eléctrica como la reforma político-electoral, (dos de los proyectos más importantes del gobierno de México), han sido discutidos por expertos, académicos, funcionarios e intelectuales en parlamentos abiertos.
Hoy, como nunca, la gente está enterada y participando de los cambios que se proponen desde las esferas políticas. No obstante, aún existen actores y poderes que se oponen tajantemente a que sea la decisión de las mayorías la que rija la vida de nuestro país.
El viernes pasado por la noche, el ministro Laynez Potizek pretendió aplicar la técnica del madruguete para defender los intereses de un puñado de altos funcionarios del INE, que se han rehusado a acatar las leyes aprobadas en el Congreso mexicano. Contrario al debido proceso, que indica que la autoridad facultada para aplicar suspensiones a acciones legales en materia electoral es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Laynez usó a la SCJN para suspender la aplicación de la reforma electoral aprobada por el legislativo.
El argumento, calculado tramposamente, es que reformar el sistema electoral viola los Derechos Humanos de la ciudadanía a acceder a “elecciones libres, auténticas y periódicas, organizadas por autoridades independientes e imparciales que se conduzcan en todo momento bajo los principios rectores de la función electoral”. No obstante, las suspensiones que solicita el INE son de carácter laboral: solicita a la SCJN que garantice la supervivencia de las burocracias electorales, como si de los altos sueldos y estructuras duplicadas dependiera el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes.
Además de la ilegalidad del proceso, el poder judicial y la burocracia del INE son incapaces de demostrar que la eliminación de los gastos onerosos y superficiales de este organismo vulneran el ejercicio democrático. En pocas palabras, el ministro y la mafia electoral pretenden usar al pueblo como rehén, haciendo creer que sin sus millonarias percepciones salariales, no habrá democracia. Como si solamente ellos, y solamente bajo sus condiciones, México pudiera vivir en democracia. Lo que ellos quieren es seguir viviendo a costa del pueblo, no construyendo un gobierno del pueblo para el pueblo, sino un régimen de privilegios. Es decir, una oligarquía.
La Constitución, en su artículo 127, sostiene que nadie puede ganar más que el Presidente de la República y hay que decirlo con claridad: lo que buscan evitar con esta suspensión es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha prestado al juego de no permitir que se reduzcan los altos salarios de la vieja burocracia dorada. No se trata de un asunto jurídico, sino de un asunto político, económico e incluso mercantil. No están buscando defender la democracia, sino defender su bolsillo.
Desde el Senado de la República, mantendremos una postura firme de respaldo a la reforma al aparato electoral mexicano a través de una estrategia permanente de comunicación para informar al pueblo de México sobre los excesos y atropellos del Poder Judicial en contra de la democracia y de la voluntad del pueblo.
POR JOSÉ NARRO CÉSPEDES
COLABORADOR
@JOSENARRO
LSN
