¿De qué va esta vaina? Andrés Manuel López Obrador, Ignacio Mier, autor de la iniciativa de la discordia, los integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, PT y PVEM discutirán y, en su caso, aprobarán una reforma mediante la cual eliminarán 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial Federal, que incluye la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por un monto de 15 mil millones de pesos.
AMLO y Nacho Mier dicen que 13 de los 14 fideicomisos se crearon fuera de la ley y que el objetivo de la reforma es quitar los privilegios, excesos y dispendios de los cuales gozan los integrantes de la Suprema Corte y los altos funcionarios del Poder Judicial; que los derechos de los jueces, servidores públicos y trabajadores del Poder Judicial están a salvo.
La oposición afirma que se trata de una venganza del Presidente en contra de la ministra Norma Piña y los jueces cuyas resoluciones y sentencias han sido en contra de las decisiones del jefe del Ejecutivo federal y de Morena.
Hace unas semanas, la ministra Norma Piña convocó a una sesión solemne para presentar su propuesta de presupuesto para el próximo año. La reunión no fue una sesión solemne o un acto administrativo. Fue un hecho político para demostrar su fuerza y que, por ella, hablan los 55 mil servidores públicos y trabajadores del Poder Judicial Federal. Después de que la Comisión de Presupuesto aprobó el dictamen, la ministra Piña declaró que esta reforma afecta derechos y patrimonios de los integrantes del Poder Judicial.
Por su parte, el sindicato de trabajadores del Poder Judicial anunció un plan de acción que inicia el lunes 16 de octubre. Está en puerta una de las batallas legales, políticas y económicas más importantes de finales de sexenio.
¿Quién dice la verdad, AMLO y Nacho Mier o Norma Piña y la oposición? Juzgue usted mismo. El primer punto es conocer la naturaleza, monto y beneficiarios de los fideicomisos. Es bueno creer, pero es mejor no creer. El primer dato que salta a la vista es que, con información pública, el padrón de beneficiarios de los 13 fideicomisos que pretende eliminarse no supera las 650 personas. ¿Quiénes son?
Está claro. Respetando el proceso legislativo y la Constitución deben eliminarse los privilegios y excesos de los altos mandos del Poder Judicial. Al mismo tiempo, respetarse los derechos de los jueces, servidores públicos y trabajadores. ¿Es posible este equilibrio? Sí.
Si esta reforma se aprueba, los recursos públicos de estos instrumentos deben destinarse a mejorar los salarios de los trabajadores del poder judicial y las condiciones de los tribunales. Eso pienso yo, ¿usted qué opina?
La política es de bronce.
POR ONEL ORTIZ FRAGOSO
ANALISTA POLÍTICO
@ONELORTIZ
MAAZ
