El presidente López Obrador rindió su cuarto Informe de gobierno el pasado 1 de septiembre. Con la entrega del documento al Congreso, se mezclan dos ciclos políticos. Por una parte, el presidente está alcanzando el pináculo más alto de su poder. Pero, por otra, con el inicio del quinto año de su administración, también comienza la cuenta regresiva para que defina a su candidato o candidata a la presidencia, con lo que gradualmente perderá parte de esa influencia.
El cuarto Informe contiene los temas más significativos para un presidente. Se acerca el término de su mandato, se van depurando y abandonando muchos planes y promesas hechas al inicio del sexenio, para concentrarse en temas prioritarios, aquellos por los que desea ser recordado. El último tercio de cualquier administración es el más complicado. Muchos integrantes del gobierno se distraen elaborando planes a futuro. Grandes errores o excesos de gobiernos anteriores se cometieron en el último bienio.
En su cuarto Informe el presidente López Obrador reafirmó sus prioridades. En primer lugar, considera que “el sello distintivo” de su gobierno son las transferencias de efectivo a jóvenes, personas con discapacidad, miembros de la tercera edad y sembradores. Son entregas de dinero con efecto marginal en la disminución de la desigualdad y la pobreza pero que explican la popularidad del presidente, y le ayudarán al candidato o candidata de su partido en las elecciones de 2024.
En segundo lugar, el presidente subrayó la importancia capital que atribuye a su política energética. Además de mencionar la construcción de la refinería en Dos Bocas, y la compra de la refinería Deer Park, en Texas, aseguró que las inversiones realizadas en combustibles fósiles, de alrededor de 24 mil millones de dólares permitirán, a partir de 2023, “procesar en nuestro país el petróleo crudo, ser autosuficientes en gasolinas y diésel y dejar de importar estos combustibles”. Una promesa muy ambiciosa, porque en el momento actual México importa el 70 por ciento de las gasolinas que consume.
En cuanto a electricidad, mencionó que la nueva ley eléctrica “que limita los privilegios de las empresas particulares, sobre todo de las extranjeras”, significa un rescate de la CFE del “lucro privatizador que caracterizó a la política neoliberal o neoporfirista, alentada por funcionarios corruptos y antipatriotas”. Ninguna mención a la solicitud de consultas de parte de Estados Unidos y Canadá en el marco del TMEC por considerar que dicha ley discrimina a sus empresas y viola las disposiciones del Tratado.
El presidente considera que México atraviesa por una recuperación económica robusta, y que un factor clave han sido “las ventajas del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá”. La mención al TMEC es significativa porque también se congratuló de que “México está considerado en el mundo como uno de los países con más potencial para invertir y hacer negocios”. No parece haber conciencia clara de que de la forma como se resuelvan las consultas sobre su política energética con nuestros vecinos, dependerá en parte que se concrete ese potencial, que sí existe, de atracción de nuevas inversiones.
Qué bueno que el presidente reafirme la importancia capital del TMEC para la economía mexicana, considere como su amigo al presidente Biden, y cite una carta que éste le dirigiera en la que destacó el récord histórico que ha alcanzado este año el comercio bilateral: 384 mil millones de dólares. Esta mención es una señal de que López Obrador no está considerando sacar a México del tratado, y que en las relaciones con Estados Unidos “es evidente que estamos trabajando juntos, respetando nuestras soberanías y manteniendo una política de buena vecindad.”
El presidente dedicó diecisiete palabras a las relaciones de México con el resto de del mundo: “En la relación con los pueblos y países del mundo ha prevalecido la cooperación y la amistad”. Fue todo. Muestra palmaria de su marcado desinterés por la política exterior más allá de Estados Unidos, y del papel de nuestro país en el escenario global.
En cambio, el presidente destacó la participación de los militares y marinos en la construcción de obras prioritarias de su gobierno (el aeropuerto Felipe Ángeles, el tren Maya, 2 300 sucursales del Banco del Bienestar, entre otras), y en la asunción de funciones eminentemente civiles, como la administración de las aduanas y puertos, que transgreden su mandato constitucional. De la misma manera, sabiendo que pasar el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, sin ningún control civil, viola el actual texto constitucional, pidió a la Cámara de Diputados aprobar una serie de enmiendas a leyes secundarias para concretar esa decisión, lo que ocurrió la madrugada del domingo.
Con estas decisiones, el presidente López Obrador está alterando completamente las relaciones entre civiles y militares en nuestro país. Ha entregado funciones centrales del gobierno al control militar. El próximo gobierno verá seriamente reducido su margen de acción y tendrá que cogobernar con los militares. Un claro retroceso para la democracia mexicana, que también puede resultar dañino para nuestras fuerzas armadas.
POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS IZQUIERDO
PROFESOR Y DIRECTOR DE LA INICIATIVA SOBRE LOS ODS EN EL TEC DE MONTERREY
MIGUEL.RUIZCABANAS@TEC.MX
@MIGUELRCABANAS
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