La muerte de Mahsa Amini detonó una serie de protestas en Irán que se han extendido a más de 130 ciudades. Amini era una joven de 22 años, a quien la llamada “policía de la moral” detuvo por infringir las leyes que obligan a las mujeres a usar el hiyab. Las autoridades argumentan que murió de un paro cardiaco, pero hay evidencia que indica una golpiza de la policía. Recordemos que, a partir de la revolución de 1979, Irán se convirtió en una república islámica, donde la ley religiosa juega un papel importante en la vida cotidiana.
La fuerza de las protestas, encabezadas por mujeres que han sacado a miles de personas a las calles, ha generado diagnósticos diversos. Algunos observadores ven en esto la próxima caída del régimen; en el otro extremo, se pretenden minimizar las movilizaciones populares. Lo cierto es que no es posible hacer predicciones definitivas, pero sí delinear los grandes procesos para entender mejor qué pasa.
Hay antecedentes de descontento social importante, aunque motivados por causas distintas. Por ejemplo, en 2009 el llamado “movimiento verde”, muy nutrido de jóvenes urbanos, movilizó a miles de personas contra lo que consideraron un fraude electoral; en 2017 estalló otra oleada, esta vez debido al malestar económico, y tuvieron eco no sólo en las ciudades, sino en zonas rurales y también entre sectores poblacionales más tradicionalistas.
En todo caso, si las razones y composición de las protestas han variado, la constante ha sido la capacidad del régimen para desarticularlas, en gran medida con la violencia. En efecto, el gobierno tiene un firme control sobre el aparato del Estado, incluyendo los tribunales y los medios. Específicamente, existe la Guardia Revolucionaria (GR), que, si bien es formalmente parte de las Fuerzas Armadas, en la práctica goza de gran autonomía y su misión, por mandato legal, es defender al régimen, incluso del resto del ejército.
La GR tiene mucho poder en forma de presupuesto, personal e involucramiento en negocios estatales. Esto es relevante, porque las protestas de 2022, en gran medida ya no están pidiendo reformas, sino abiertamente un cambio de régimen. Esto crea incentivos para una represión con todos los recursos oficiales.
Si bien la sociedad iraní es mayoritariamente religiosa, el 68% piensa que las normas espirituales no deben interferir en la legislación civil, y el 72% rechaza la obligatoriedad del hiyab (Iran’s Attitudes Toward Religion, a 2020 Survey Report, GAMAAN). En particular, las juventudes y las mujeres apuntan cada vez más hacia cambios de fondo. Sin embargo, como se dijo, el régimen mantiene una gran capacidad represiva y hay que decirlo, hay sectores de la población que aún le conceden legitimidad a la republica islámica.
El contexto internacional, además, le da cierto margen de maniobra al gobierno iraní: la atención global está centrada en Ucrania y Rusia; EEUU y Europa aún ofrecen cierta tolerancia para mantener vivas las negociaciones con Teherán sobre el acuerdo nuclear y, quizá, para mantener la puerta abierta frente a un gran productor de petróleo.
Por lo tanto, hay que ser cautos al vaticinar un cambio de régimen en el corto plazo, pero tampoco hay que minimizar la evolución interna de la sociedad iraní, cuyas expectativas y anhelos rebasan los pilares de la legitimidad que por 43 años han sostenido al régimen islámico.
POR CLAUDIA RUIZ MASSIEU
SENADORA DE LA REPÚBLICA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL T-MEC
@RUIZMASSIEU
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