Siglo y medio después de la Guerra Civil sobre el derecho de los estados a determinar sus políticas, incluso el uso de esclavos, varios de los antiguos aliados confederados tratan de retomar la llamada "causa perdida" para decidir sobre temas que, como el trato a migrantes, han sido parte de la autoridad federal.
De acuerdo con el veterano analista Ron Brownstein, la actual situación "marca una nueva escalada de la campaña de los estados republicanos para tomar el control de la política nacional desde abajo, no sólo en materia de inmigración, sino también en una amplia gama de políticas internas".
Y en el centro de esa nueva versión de "guerra civil", está la cuestión migratoria, usada notablemente por el expresidente y presunto aspirante presidencial, Donald Trump, durante su campaña electoral en 2016 y ahora, sobre todo pero no sólo por ellos, los gobernadores Greg Abbott, de Texas y Ron DeSantis, de Florida. Ambos encabezan un movimiento que transfiere migrantes, incluso mediante tramposas campañas de "reclutamiento", a enclaves demócratas en el norte del país.
Pero si bien esos gestos, que son harto cínicos, pero parecerían simbólicos, dado el tamaño del problema, son sólo un aspecto de una tendencia mayor, son sólo una faceta de un renovado embate de la derecha estadounidense, que lleva años en desarrollo.
Desde los años 40, y muy notablemente desde la década de los 60 del siglo pasado, hubo en Estados Unidos una tendencia legal a dar más poder al gobierno federal y otorgarle jurisdicción sobre una serie de temas, de la economía a la observancia de la ley o los derechos ciudadanos, que se tradujo en mayor poder sobre aspectos legales o sociales, incluso la integración racial.
Pero ahora el péndulo parece ir en dirección contraria, con base en la influencia adquirida por grupos y personas conservadoras, o de plano de extrema derecha, por los nombramientos de jueces de esa tendencia a todo nivel del gobierno federal, y sobre gobiernos encabezados por republicanos en la mitad o más de los estados del país.
El movimiento, ahora, es de restringir derechos como el aborto, el matrimonio igualitario y límites a la educación sexual. Y de hecho, luego del régimen de Trump, los gobiernos estatales encabezados por republicanos parecen más determinados a hacer valer lo que consideran como sus derechos y jurisdicciones.
Legisladores federales republicanos están evidentemente a su lado y una pléyade de jueces, nombrados por los presidentes George H.W. Bush (1988-1992), George W. Bush (2000-2008) y Donald Trump (2016-2020), facilitan por lo menos sus objetivos para limitar los esfuerzos de los demócratas por ampliar los derechos de sus propios votantes.
El debate es tan agitado que se habla de posibilidades de violencia y la disposición de grupos armados, especialmente de derecha, a tratar de imponer sus propuestas, en medio de una creciente polarización política.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS
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