Dijimos que no lo íbamos a soltar y no nos hemos rendido: las Escuelas de Tiempo Completo (ETC) deben regresar. Así lo ordena la Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, al considerar que, si bien el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) en el papel persigue fines similares a las ETC, no es posible obtener la totalidad de beneficios que estas otorgaban a las niñas, niños y adolescentes. Todas las autoridades vinculadas, entre las cuales están la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), deben de tomar las medidas y ajustes pertinentes para que las ETC regresen a la operación que tenían antes del traslado de algunos de sus objetivos a LEEN. Si esto no fuera posible, estas autoridades deberán asegurarse de que LEEN se transforme y cumpla con todos los objetivos y beneficios otorgados por las ETC.
Esta decisión, derivada de una suspensión definitiva obtenida por Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero, no es una victoria de Mexicanos Primero; es una victoria para los derechos de millones de niñas, niños y adolescentes (NNA). Es, también, la más reciente de una serie de acciones judiciales que hemos emprendido desde hace 2 años, cuando empezó el desmantelamiento y ataque sistemático a las ETC.
¿Cuáles son algunas de las consideraciones más trascendentales que hace la Jueza? Principalmente, aunque el gobierno federal insista en lo contrario, LEEN y ETC no son lo mismo. LEEN es un programa de transferencias directas, de naturaleza solamente prestacional (económica), y su objetivo es pagar horas adicionales a docentes y la compra de alimentos. Las ETC, sin embargo, son una auténtica intervención del Estado mexicano que contempla apoyos para la implementación del programa, capacitación para docentes y la inversión en material y contenido para las horas adicionales efectuadas.
Por otro lado, la Jueza considera que el quitar presupuesto a programas que garantizan derechos es una violación a los mismos por incurrir en regresividad. El hecho de que se hayan destinado recursos a un programa que aparenta suplir a otro, por la naturaleza de este, en este caso LEEN, no subsana la violación a la progresividad, dado que se trata de un programa “prestatario” y las ETC constituían un verdadero “sistema de prestación de servicios educativos y alimentarios”. La Jueza, además, no constriñe los efectos de la suspensión al actual ejercicio fiscal, porque la violación no deja de existir por el simple cambio de año o ciclo escolar.
Asumimos esta lucha como un compromiso indeclinable. El 50% de nuestro trabajo es lograr obtener decisiones favorables y el otro 50% es lograr su cumplimiento. Lucharemos porque así sea, porque es alimento y no cemento, lo que ahora necesitan las NNA frente a la crisis que enfrentamos. Exhortamos, como siempre, a las autoridades responsables a cumplir con dignidad y responsabilidad, y así respetar lo que muchas veces sostienen en el discurso: la defensa de los derechos de las NNA.
POR FERNANDO ALCÁZAR IBARRA
*Director de Judicialización en Mexicanos Primero
@feralc23
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