En septiembre de 2018, tras el triunfo electoral que le dio la Presidencia de la República a AMLO y le otorgó a la 4T la mayoría en el Congreso, una de las primeras reformas que aprobamos las y los diputados de la naciente 64 Legislatura fue la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con el fin de que ningún servidor público de los Poderes de la Unión, entes públicos federales y órganos autónomos, percibiera remuneración o retribución mayor a la del Presidente de la República, y así dar verdadero cumplimiento al artículo 127 constitucional, que en su fracción II establece que ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
Si bien es cierto que la reforma contenía algunos desfases de numeración y terminología por tratarse de una minuta de 2011, también lo es que su aprobación generó el descontento de servidores públicos que se sintieron perjudicados por ella, quienes no sólo recurrieron a recursos legales, sino también a una guerra sucia contra el gobierno que aún no entraba en funciones. Lo que en realidad sucedió fue que quedaron evidenciados todos aquellos funcionarios que conciben los cargos públicos como fuente de lucro y enriquecimiento indebido y no de servicio a la ciudadanía.
Se trató de una reforma incluida en nuestra agenda legislativa y, sobre todo, una convicción de quienes formamos parte de este movimiento. En 2019 concretamos la expedición de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que fue una promesa de campaña por la que la mayoría de mexicanos nos dieron su voto con el mandato de poner fin a los dispendios y despilfarros en el servicio público.
En este gobierno, la austeridad ha sido un principio rector del servicio público que ha permitido ahorrar unos dos billones de pesos, según lo ha informado el propio AMLO, que se han destinado al fortalecimiento de programas sociales para los que menos tienen, así como para la atención de la pandemia que incluyó la compra de vacunas para toda la población, los proyectos estratégicos de infraestructura que tendrán un impacto positivo en la economía nacional e impulsarán el desarrollo regional, entre otros rubros, todo ello sin contratar deuda, sin aumentar impuestos y sin gasolinazos. Esto demuestra que no se trata de ahorrar por ahorrar, sino que estamos ante una verdadera reorientación de recursos hacia el gasto social y no hacia el dispendio en gasto corriente y el desvío de recursos, como sucedía en el pasado.
En días recientes, AMLO anunció que se intensificarán las medidas de austeridad, con lo que su administración pasará a la pobreza franciscana.
Independientemente de que la frase resulte peculiar, lo que se busca es reducir el gasto operativo lo más posible a través de medidas como limitación de viajes al extranjero y disminución de viáticos, a fin de contar con mayores recursos para programas sociales; así también anunció que enviará una iniciativa al Congreso para poner fin a los sueldos superiores al del Presidente que aún subsisten a pesar de la Constitución y la ley, como es el caso de los titulares de organismos públicos autónomos, de acuerdo a la información dada a conocer por el titular de la Profeco. Seguiremos cumpliendo nuestro compromiso de poner fin al dispendio.
POR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA
COLABORADOR
@BENJAMINROBLESM
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