La carencia de agua afecta aproximadamente a 40% de la población mundial y, según cálculos de Naciones Unidas y del Banco Mundial, la sequía podría provocar el desplazamiento de 700 millones de personas para el año 2030. Durante el siglo XX, el uso mundial de agua aumentó a más del doble de la tasa de crecimiento de la población. Esta desproporción está llevando actualmente a muchas ciudades a racionar el agua. Las crisis del agua han estado casi todos los años, desde 2012, entre los cinco primeros peligros de la lista de Riesgos Globales por Impacto, del Foro Económico Mundial.
En México, un ejemplo ilustrativo de esta situación es el de Monterrey. La segunda ciudad más grande del país, en la que habitan más de 5,3 millones de personas, sufre desde principios de año una sequía que es catalogada como extrema. Las reservas de agua están prácticamente secas, como la presa de Cerro Prieto o La Boca, con menos del 5%. Monterrey ha crecido, se ha desbordado, invadiendo ecosistemas, y este es el costo del deterioro ambiental. Una ciudad que no había padecido los efectos de la sequía, ahora tiene un déficit hídrico de más de 31 millones de metros cúbicos, por lo que podemos decir que el destino los alcanzó, un poco más pronto de lo que nos puede alcanzar a los demás habitantes de esta nación.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado medidas para auxiliar a la población de la zona conurbada de Monterrey, como el decreto para garantizar el abasto de agua por 10 años; también hizo un llamado a las empresas refresqueras y cerveceras a tomar decisiones de fondo y detener su producción para atender el grave problema de escasez de agua que padece esa ciudad y permitir que este recurso natural llegue a todos los hogares. Además, exhortó a que este tipo de empresas se instalen en zonas del país sin escasez de agua.
Resulta prioritario mejorar la gestión del agua, porque no responde a los nuevos retos y al concepto del cambio climático, pero también requerimos incrementar la inversión para administrar el uso y la explotación racional; controlar los flujos y niveles, pero sobre todo, garantizar que en el largo plazo la viabilidad hídrica del país no esté comprometida. Hay más de 100, de los 600 acuíferos del país, que están sobreexplotados.
Otros de los más graves problemas que enfrentamos es la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales, así como el reciclaje de la misma. En territorio nacional hay cerca de cuatro mil plantas de tratamientos de aguas residuales, de las cuales más de 2 mil 500 no están funcionando correctamente o dejaron de operar por la falta de presupuesto de los municipios.
El acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. La Asamblea General de la ONU lo reconoció así el 28 de julio de 2010 en la resolución A/RES/64/292. En México, este derecho forma parte de la Constitución Política desde el 8 de febrero de 2012, al reformarse el artículo 4: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
En el próximo periodo de sesiones en el Congreso mexicano, uno de los temas que debatiremos es precisamente el de la Nueva Ley General de Aguas Nacionales, que debe estar orientada a ser uno de los actos de justicia social más importante, para dotar de este recurso a la población más vulnerable.
POR MARÍA MERCED GONZÁLEZ
*Senadora de Morena por el Estado de Hidalgo
MAAZ