Sin hacer demasiado ruido, pero con profundas implicaciones, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados acaba de aprobar un dictamen que revive un tema altamente controversial: la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, mejor conocido como PANAUT. Aunque se presenta como una herramienta para fortalecer la seguridad pública, sus implicaciones prácticas y sus efectos sobre el mercado de telecomunicaciones son alarmantes.
La propuesta obligaría a todos los operadores móviles -tradicionales y virtuales- a recopilar y almacenar datos personales de sus usuarios, mismos que serían compartidos con las instituciones de seguridad. El dictamen especifica que el registro deberá incluir nombre, CURP, número telefónico y todos aquellos datos necesarios para la “identificación plena” de los usuarios. Aunque no se menciona explícitamente la recolección de datos biométricos, la redacción ambigua abre la puerta a su exigencia, como ya ocurrió en versiones anteriores del PANAUT.
El impacto operativo sería enorme. Implementar sistemas robustos de verificación, asegurar el almacenamiento seguro de datos sensibles y modificar los procesos de activación de líneas móviles requeriría una inversión significativa en tecnología, personal y cumplimiento normativo. Esto se traduciría en mayores costos para los operadores y, eventualmente, para los usuarios.
Más allá de los costos, preocupa la afectación a la privacidad. El almacenamiento centralizado de datos personales plantea riesgos evidentes de seguridad. Basta recordar filtraciones previas de bases de datos oficiales para entender lo expuestos que quedaríamos millones de mexicanos ante un posible mal manejo de esta información.
Además, no hay evidencia internacional que respalde la efectividad de medidas como el PANAUT. En países como Pakistán, estas iniciativas no redujeron el crimen y, en cambio, detonaron mercados negros de tarjetas SIM y fraudes de identidad. En contraste, democracias avanzadas como Canadá e Irlanda han desechado propuestas similares por considerarlas ineficaces y desproporcionadas.
Tampoco se debe ignorar el precedente institucional. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fue señalado como el responsable del padrón, pese a no contar con capacidades técnicas ni presupuestales para su gestión. De hecho, se estimó que su operación costaría al menos 100 millones de pesos anuales, una carga injustificada y ajena a sus funciones constitucionales.
Por otro lado, los efectos comerciales son innegables. Procesos más complejos para la activación de líneas móviles, particularmente en canales de conveniencia y autoservicio, podrían frenar la adquisición de nuevos servicios. Tan solo en el cuarto trimestre de 2024 se desplazaron 21.58 millones de nuevas tarjetas SIM, un crecimiento anual de 19.2%, lo que refleja la magnitud del mercado que se vería afectado. Además, los operadores 100% digitales enfrentarían enormes obstáculos para cumplir con estas nuevas exigencias, debilitando la competencia y reforzando la concentración del mercado.
Por ahora, el dictamen ha sido aprobado únicamente por la Comisión de Seguridad. Falta que sea votado en el Pleno de la Cámara de Diputados y, posteriormente, enviado al Senado. Pero el tema avanza, y avanza rápido. Es momento de prender las alertas. Porque una vez que este tipo de medidas entran en vigor, revertirlas se vuelve mucho más difícil. Y el costo, en términos de privacidad, competencia y derechos digitales, puede ser altísimo.
POR GONZALO ROJON
PAL
