Recientemente el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) presentó una iniciativa para “… erradicar el IEPS en telecomunicaciones y construir una política fiscal adecuada para el desarrollo del sector y las TIC en México, que se constituya, a la vez, en un instrumento de impulso al crecimiento económico y promoción del bienestar social” (bit.ly/3vYmLtZ).
El acceso universal a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) se enfrenta hoy a barreras económicas artificiales que encarecen su contratación y consumo. Esto último a partir de la introducción y aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS de 3%) a los servicios de telecomunicaciones, que se suma al IVA para totalizar en un gravamen de 19%.
Los legisladores tienen frente a ellos una oportunidad histórica en la víspera de la definición y aprobación del Paquete Económico y la Ley Federal de Ingresos del ejercicio de 2023, para emprender la ruta a la construcción de una política fiscal para la conectividad, a casi una década de establecerse como un mandato y derecho constitucional.
Esta carga adicional que nació de una política fiscal en 2010 que ha generado durante más de una década efectos regresivos. Hoy su abolición contribuiría a reducir los precios y con ello apoyaría al poder adquisitivo, a favor de la contratación y uso de las TIC, especialmente para el segmento poblacional en la base de la pirámide socioeconómica.
Estos efectos distorsionantes representaron una pérdida de recursos para los mexicanos por $6,487 millones de pesos en 2021, que se habrían destinado a la contratación de más y mejores servicios y/o dispositivos de conectividad. Incluso, se ha reducido su contribución a la recaudación total.
En 2021, el IEPS por estos servicios representó escasamente 0.2% del total de los ingresos tributarios del Gobierno Federal. Asimismo, su contracción fue 1.6% inferior al monto registrado durante 2020 en términos reales, es decir descontando la inflación de 2021.
Incluso, durante los primeros seis meses de 2022, se redujo aún más su aportación a la recaudación total a 0.1% del total, al ser 2.3% inferior en términos reales, respecto al monto recaudado en enero-junio de 2021, al alcanzar un acumulado de $3,405 mdp.
Además, la desaparición del IEPS aplicable a servicios de telecomunicaciones generaría un ahorro de recursos para los usuarios que permitiría que estos opten y adquieran equipos de gamas media y alta, para alcanzar estas dos categorías al 85.7% de las 126.9 millones de líneas asociadas a un smartphone.
El resultado de esta política fiscal impulsaría el acceso a la conectividad para una creciente contabilidad de mexicanos e incluso habilitarían la posibilidad de contratar mejores capacidades y/o mayores servicios TIC.
POR GONZALO ROJON
GONZALO.ROJON@THECIU.COM
@GROJONG
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