Pensiones doradas. Pensiones VIP. Pensiones fifís. Pensiones de lujo… son las pensiones que se han venido otorgando y cobrando en las entidades federativas, desde hace mucho tiempo, a ex trabajadores de la élite política de cada estado, y que representan un obstáculo adicional para la sostenibilidad financiera de los sistemas de seguridad social en el país.
Estamos hablando de ex gobernadores, ex magistrados, ex senadores y diputados, ex alcaldes -incluso de ciudades capitales y metropolitanas importantes-, ex secretarios de gabinetes estatales, ex síndicos y regidores, ex jueces, y todo tipo de ex funcionarios que por décadas estuvieron ocupando puestos de primer nivel a nivel estatal, que en su gran mayoría se destacan por haber sido consentidos del erario público, y gozar de un modo de vida que claramente pertenece al décimo decil de ingresos.
Por si ello fuera poco, estos privilegiados de las burocracias del pasado pretenden seguir beneficiándose de los contribuyentes, percibiendo pensiones y jubilaciones que oscilan desde los 100 mil hasta los 208 mil pesos mensuales.
Lo anterior, en clara contradicción con la política federal que ha eliminado las pensiones vitalicias para ex presidentes, a través de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; y en oposición al mandato del artículo 127, fracción II, de la Constitución, que señala que ningún servidor público puede recibir remuneración mayor a la del Presidente; en ese sentido, ¿cómo es posible que tantos ex funcionarios públicos perciban una pensión mucho mayor que el salario del Presidente? Máxime, considerando que la pensión es una cuestión directamente relacionada con el salario.
Recientemente, algunas entidades han intentado ponerle un alto a estas pensiones de lujo. En Jalisco, por ejemplo, en septiembre del 2021 se aprobó una reforma para establecer un tope a las pensiones, fijándolo en un máximo de 39 UMAS, que equivalen a 104 mil pesos mensuales. Desafortunadamente, se han tramitado más de 20 juicos de amparo por parte de los “afectados”, y algunos de ellos ya han recibido suspensiones, alegando el principio de no retroactividad.
De igual manera, en Nayarit, la actual administración ha enviado una iniciativa a su congreso para evitar que ex magistrados y ex funcionarios públicos se pensionen con cantidades injustificables, dado que no se puede seguir favoreciendo a las minorías en detrimento de las mayorías.
Sonora es otra entidad que está enfrentando este injusto panorama, con pensiones VIP que tiene que pagar el ISSSTESON a un grupo reducido de ex trabajadores, y que a pesar de ser tan pocos significan más del 25% del total de los recursos que son asignados a este concepto, lo cual también amenaza la viabilidad de su sistema estatal.
En posterior entrega, estaremos abordando algunas posibles soluciones para resolver de fondo esta grave problemática que representa miles de millones de pesos para el conjunto de instituciones estatales de seguridad social.
POR JESÚS ÁNGEL DUARTE
@duarte_tellez
MAAZ