Hace casi cinco años, exactamente el 22 de noviembre del 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos advertía mediante una recomendación la necesidad de que las autoridades estatales y federales iniciaran un programa de inspección en la región carbonífera de Coahuila.
El primer desastre luego de esta advertencia se dio el 4 de junio de 2021, donde siete trabajadores murieron al quedar atrapados adentro de una mina en el municipio de Múzquiz; un año después, 10 mineros permanecen atrapados en una mina de carbón en el municipio de Sabinas.
Coahuila aporta nueve de cada 10 toneladas de la producción de carbón a nivel nacional; su posición estratégica hace de la entidad un epicentro de intereses políticos y económicos, un lugar donde la impunidad tiene el sello de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), bajo el mando de uno de los personajes máscontrovertidos y oscuros de la 4T: Manuel Bartlett Díaz, impulsor de la política energética federal, que además de contaminar, lleva muchas vidas a cuestas.
La empresa dueña de la mina que registró el derrumbe por inundación el pasado 3 de agosto, tenía cinco años en la lista de las compañías que fueron restringidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al no cumplir con las normas necesarias de seguridad, higiene, capacitación de sus trabajadores y hasta trabajo infantil. Aún así, Bartlett la mantuvo en la lista de proveedores de la CFE.
Este año, la Comisión adjudicó de manera directa contratos a productores coahuilenses, en los cuales pactó suministro de carbón hasta 2024; de acuerdo a las actas, se celebraron 50 procesos de adjudicación directa para la compra de más de 3 millonesde toneladas. A la Minera El Pinabete, propietaria del pozo siniestrado, le tocó una adjudicación por poco más de 41 millones de pesos.
El gasto en carbón para producir energía eléctrica, es la muestra perfecta de la insensibilidad del gobierno federal en el tema energético: no importa que para abastecer a la CFE, se pase sobre los derechos de los trabajadores, se contamine más y se debilite el estado de derecho por no respetar los acuerdos comerciales. Todo sea en nombre de la soberanía energética.
Solo para darse una idea del valor de esta industria, el sector minero representa aproximadamente el 10 por ciento del Producto Interno Bruto Industrial y el 3 por ciento del PIB nacional; para inicios de este año, el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía registro casi 400 mil empleos directos en el sector.
Por eso resulta completamente reprobable que esta actividad se lleva a cabo en las condiciones en las que trabajaban los mineros de Sabinas. Sin inspección, sin cumplir la ley en cuánto a la supervisión. Faltas graves de la Secretaría del Trabajo. Luisa María Alcalde ha estado ausente en esta tragedia y su dependencia ha sido omisa.
Más de 80 mineros han muerto en los últimos 15 años por extraer el llamado carbón rojo. Todo por una necedad. Queda una vez más en sus consciencias.
POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ
COLABORADOR
@CARLOSZUP
MAAZ