El Plan México presentado por la presidenta de México presenta cifras optimistas que difícilmente se alcanzarán, sobre todo en materia de inversión extranjera, derivado de la desconfianza que han generado las políticas de las administraciones de la autoproclamada Cuarta Transformación.
De entrada, plantea una inversión extranjera de 277 mil millones de dólares, poco realista y fantasiosa, porque la inversión extranjera de enero a septiembre de 2024 apenas llega a 31 mil millones de dólares.
Ahora bien, el promedio de inversión extranjera en el periodo de Enrique Peña Nieto fue de 27 mil 953 millones de dólares y en el periodo de López Obrador fue de 27 mil 195.1 millones de dólares, esto nos refleja que con Peña la inversión fue mayor por 857 millones de dólares; y por otro lado la falta de confianza de los inversionistas en México se tradujo en una fuga de capitales que alcanzaron casi 947 mil millones de pesos, desde el inicio del sexenio de López Obrador a junio de 2024.
Por lo que se refiere al Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el gobierno proyecta un crecimiento en un rango del dos al tres por ciento en 2025, diversos especialistas advierten que se registrará desaceleración económica y el PIB solo alcanzará un crecimiento del 1.2%. El Plan México pretende posicionar a México entre las principales economías mundiales y promover un desarrollo económico equitativo y sostenible, metas que difícilmente se alcanzarán.
Respecto a los índices de inflación, el promedio en el sexenio de Enrique Peña Nieto fue de 4.19%; mientras que en el sexenio de López Obrador alcanzó el 5.01%, lo que significa que la población necesitó más dinero para adquirir los mismo productos y servicios del sexenio anterior.
El Plan México se plantea como un esfuerzo ambicioso, pero poco racional; al analizar sus 10 puntos principales, surgen diversas inconsistencias, problemas estructurales y objetivos cuestionables.
El Plan México carece de detalles en cuanto a mecanismos, financiamiento y tiempos realistas; por lo que, sin un marco de Estado de derecho, rendición de cuentas y estrategias detalladas, el plan corre el riesgo de ser percibido como un asunto de propaganda política más que una ruta clara para el crecimiento y desarrollo nacional.
Cualquier plan de desarrollo debe considerar la inclusión activa de los diferentes sectores de la sociedad. Esto implica fortalecer el diálogo con la ciudadanía, garantizar la participación de comunidades afectadas y fomentar un modelo de gobernanza más inclusivo y participativo. Sin estos elementos, y tomando en cuenta los resultados económicos negativos del actual régimen, las metas presentadas corren el riesgo de quedar como una promesa sin sustento real.
POR HÉCTOR SAÚL TÉLLEZ
PAL
