AMLO tiene asesores económicos que le dicen qué debe hacer para salvar la economía, pero no sigue sus consejos. A estas alturas del sexenio, con la perspectiva de una recesión prolongada que augura un sexenio perdido en términos económicos y sociales, lo sabio sería corregir el rumbo. Pero no lo hace.
Hace algunas semanas, el Presidente López Obrador tuvo una reunión con las cúpulas empresariales para preparar una estrategia económica conjunta. De esa reunión, que se informó en la prensa nacional y especializada, se habrían establecido una serie de compromisos de inversión por parte de los empresarios. Sin embargo, los compromisos anunciados fueron recibidos con escepticismo, igual que después de otras reuniones presidenciales cuando se había anunciado lo mismo.
Ese escepticismo surge porque en esa reunión, como en las anteriores, los compromisos fueron expresados ante el Presidente esperando que él, en reciprocidad, anunciara nuevas políticas de su gobierno. Esperaban que ofrecería políticas públicas que respetaran el marco legal y jurídico en materia de inversión privada y reglas previamente acordadas, además de apoyos infraestructurales para incentivar la inversión en sectores productivos con estímulos fiscales, transporte accesible y ágil, energía eléctrica suficiente y barata, entre otras políticas.
El presidente no hizo los compromisos que esperaban los empresarios. Pero sí hubo algo diferente en esa reunión. Con visible entusiasmo, el Ejecutivo federal urgió a su secretario de Haciendo que les explicara a sus invitados cómo el gobierno pensaba aprovechar la reorganización de la economía global, donde las estrategías económicas de las empresas productivas se centran en la reducción de las cadenas de suministro para no depender de conflictos generados por situaciones como la guerra en Ucrania o de las nuevas fuerzas hostiles, como China y Rusia.
La necesidad de este acortamiento de las cadenas de suministro de bienes, refacciones y de transporte significa para México la oportunidad de convertirse en el receptor de billonarias nuevas inversiones, más allá de las inversiones rutinarias históricas que el abasto y mantenimiento de la planta industrial implica en tiempos normales. La ventaja y privilegio de gozar de cercanía geográfica a la economía más dinámica del mundo y una mano de obra abundante y calificada colocan a nuestro país en una situación inmejorable para dar un salto cuántico en nuestro desarrollo industrial.
El entusiasmo de los empresarios, al saber que el Presidente de la República estaba plenamente consciente del llamado “nearshoring” y su retos y posibilidades para México, fue mayúsculo. Para ese tema había muchas propuestas, ideas y sugerencias. El secretario de Hacienda habló y empezó a explicar lo que el gobierno pensaba hacer. Y terminó básicamente explicando que van a seguir haciendo lo que han venido haciendo hasta ahora. En realidad, no existe una corrección de rumbo. Aparentemente la esperanza presidencial es que todo aquello que se describe como un cambio sísmico de la economía mundial se va a acomodar a lo que ha estado haciendo el gobierno de la 4T desde el inicio de su gestión. Es decir, según la interpretación de Lopez Obrador, la economía mundial se va a acomodar a su política económica, y no al revés.
Simplemente seguirá por la misma ruta que ha trazado desde el primer día del gobierno. Desprecia a los empresarios, ignora el marco jurídico del país y no respeta el Estado de derecho ni escucha a sus asesores. Y no cumple los pocos compromisos que ha establecido con ellos. En lo particular, sin embargo, tiene a sus empresarios y amigos favoritos que se han enriquecido con adjudicaciones directas, entre ellos, algunos militares.
El entusiasmo inicial se tornó decepción primero, y luego cinismo. Y, como respuesta al desencanto, se hicieron las mismas promesas que se hicieron desde el inicio de este sexenio. El gobierno no cumple, y los empresarios tampoco. Y la economía nacional se hunde, un poco más lentamente que el Titanic.
Es fácil adivinar que lo mismo sucedió en Washington durante la reciente reunión del Presidente mexicano con empresarios estadounidenses. Empecemos, en el análisis, por el final. De regreso a México, el gobierno anunció, ufano, que las empresas estadounidenses se habían comprometido a invertir, en los próximos dos años, la suma de 40 mil millones de dólares en México. Suena impactante esa cantidad de dólares. Pero los analistas financieros inmediatamente aclararon que ese monto de inversión es lo que normalmente invierten en México para efectos de mantenimiento, abastecimiento y compra de suministros para sus actividades empresariales programadas. Es decir, no es “nueva” inversión, sino inversión de rutina para mantener sus industrias funcionando.
No se comprometieron a nuevas inversiones, ni a una diversificación de actividades productivas en México, porque constataron que el Presidente de México no ofrecía garantías a la inversión, ni protección legal y mucho menos una apertura a la industria energética limpia. Les ofrecía su modelo: estatismo, arbitrariedad jurídica, cero modernización y falta de certidumbre.
De hecho, en un documento publicado después de la reunión, representantes de la American Chamber of Commerce (Cámara Americana de Comercio) pidieron al gobierno de México cinco cambios en sus políticas públicas hacia la inversión privada: eliminar la discriminación a empresas privadas productoras de energia eléctrica, apegarse a lo acordado en el T-MEC, eliminar los retrasos en autorizaciones a sectores de energía y aduanas, dejar de clausurar de forma ilegal centrales electricas, minas y canteras y, finalmente, acelerar las autorizaciones para empresas en los sectores dinámicos y de avanzada tecnología de biofarmaceuticas, biotecnología agrícola, equipos médicos y poductos alimenticios.
El listado de agravios que expresó oficialmente la Cámara Americana de Comercio refleja el nivel de frustración existente entre inversionistas estadounidenses hacia el gobierno de López Obrador. En esencia, su reclamo es que en México no existe una aplicación uniforme ni justa del marco legal vigente por parte de las autoridades, y por ello exigieron el regreso de México a una posición de respeto al marco legal establecido trilateralmente en el T-MEC.
Este documento de tal franqueza en su discordia no es usual después de una reunión con un Presidente, a menos de que se haya concluido que no había condiciones ni disposición para llegar a acuerdos sustantivos en el encuentro. Evidentemente ese es el caso.
Y para rematar, a su regreso al país, el Presidente ha estado aclarando lo que considera que son los “acuerdos” logrados en su viaje. El acuerdo más importante es que no habrá permisos para empresas productoras de energía que no transiten vía CFE o PEMEX. No se aceptará nada fuera del control directo del sector estatal en materia energética.
Lopez Obrador ha hecho de la arbitrariedad y la imposición estatal norma de conducta de su gobierno. Siendo así las cosas, las empresas mundiales que quieren reubicarse cerca del mercado estadounidense optarán por países que respetan el Estado de derecho e ignorarán a los que no lo respetan. Y han concluido que México no es un país confiable.
Queda la pregunta sin respuesta: ¿si el Presidente sabe que existe la oportunidad de dar un salto cualitativo hacia adelante en materia de desarrollo económico, por qué no la toma, corrigiendo las políticas de su gobierno?
POR RICARDO PASCOE
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