En la sesión histórica de la Cámara de Diputados del pasado 17 de abril, se contrastaron y debatieron dos proyectos de Nación: ante la Rectoría del Estado el salvajismo del mercado; el nacionalismo versus el servilismo a los capitales extranjeros; contra el libre mercado el monopolio de privados; ante la prestación de un servicio público con vocación social el negocio de unos cuantos; ante el bien común el interés de los capitales privados.
El oprobio cometido por una minoría legislativa, que representa lo más retrogrado del viejo régimen político, les negó a los más de 126 millones de mexicanos de gozar el acceso a la electricidad como una garantía Constitucional, ver reducir sus tarifas eléctricas a más de 46 millones de familias mexicanas, resolver los grandes pasivos eléctricos de 2,046 municipios, modificar a la baja la tarifa industrial de 1,300 sistemas de agua potable y la de bombeo agrícola a 5 millones de productores rurales.
Dejaron al descubierto su falso ambientalismo, al votar en contra de elevar a rango Constitucional la Transición Energética y oponerse al crecimiento de la generación distribuida.
En su vorágine de 5 minutos de fama, respaldaron continuar subsidiando los jugosos negocios de los generadores privados con casi 500 mil millones de pesos; pero en su desenfreno total, también arremetieron contra los intereses de sus propios representados, nos referimos a los generadores privados.
Al negarles la garantía de tener una participación del 46% en el mercado eléctrico mexicano; cuyo valor se calcula en tres trillones de dólares, con un crecimiento anual de entre 4 a 6 por ciento, lo que representa ingresos potenciales de 145 mil millones de dólares durante 30 años.
Ante esta embestida de la oposición conservadora, la Cuarta Transformación no podía dar un salto al vació y dejar a la población en una situación de vulnerabilidad, sino todo lo contrario, de manera responsable y prudente ha actuado en el ámbito legislativo para proteger a todos los mexicanos y garantizarles seguridad eléctrica.
Las reformas de 2021 de Ley de la Industria Eléctrica, las cuales promoví como presidente de la Comisión de Energía, por fin cobran vigencia al cumplir de manera pulcra e impecable con todas las fases del proceso legislativo y post legislativo, salvando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la acción de inconstitucionalidad promovida por un grupo de senadores afines a los grandes intereses trasnacionales que gravitan en el sector eléctrico.
En su sentencia la SCJN reconoció la constitucionalidad del cuerpo normativo en materia eléctrica, al desestimar la inconstitucionalidad de algunos apartados y declarar la constitucionalidad de artículos claves, en materia de permisos, contratos, costos unitarios, seguridad de despacho, planeación, certificados de energías limpias, confiabilidad, calidad y continuidad del Sistema Eléctrico Nacional, entre otros.
Para una correcta aplicación de la LIE, hoy más que nunca se requiere la democracia participativa de todos los mexicanos, para hacer realidad la seguridad energética.
POR MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
DIPUTADO FEDERAL Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA
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