Ante los afanes autoritarios que ha demostrado el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la separación de Poderes ha resultado ser el mejor asidero para frenar precisamente, las intenciones de la actual administración de centralizar absolutamente todo.
Muy oportuno resultó el revés que recibió el gobernador García, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró inconstitucional la ley que el mandatario estatal trató de imponer y que se conoce como el delito de “ultrajes a la autoridad”.
Contando con la mayoría de Morena en el Congreso local, el gobernador veracruzano pensó que tenía todo para que el delito de “ultrajes a la autoridad” fuera inamovible.
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El pretexto es una supuesta protección a policías y defensa de funcionarios para evitar que sean agredidos.
Llama la atención que un personaje como el mandatario estatal, que proviene de la izquierda, del sector de la disidencia magisterial, haya alcanzado ese grado de autoritarismo que lo llevó incluso a confrontarse con los medios; cómo olvidar el trato que le dio a la reportera Sarah Landa, cuando lo cuestionó sobre el tema.
En general, la actitud de García Jiménez es la de confrontarse con todo aquel que no esté de acuerdo con él, e incluso faltó a la verdad , primero, al señalar que con la aplicación del delito “ultrajes a la autoridad”, en automático bajó la violencia en contra de la autoridad en el estado y éste se habría pacificado.
En segundo lugar, que la derogación de dicho delito traería “buenos dividendos para las Barras de Abogados que defienden a presuntos delincuentes”.
Dichas Barras han buscado, en diversas ocasiones, reunirse con Cuitláhuac García y han encontrado total cerrazón.
No hay que soslayar que lo único que consiguió el mandatario estatal con su famosa y controvertida ley, fue desatar una cacería de brujas, como en los tiempos de la Santa Inquisición, donde se perseguía con violencia y furia, que llevaron a prisión a cerca de mil personas que ahora tendrán que ser liberadas. Debido a lo anterior y no conforme con la decisión de la Suprema Corte, García Jiménez buscó por todos los medios revertirla, diciendo que cambiaría el nombre de “ultrajes a la autoridad” por el de “agresión violenta”. “Ya tomamos nota de qué palabras no puedes usar, qué términos no pueden ser, y qué tipos penales deben usarse”, habría dicho.
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Pero sus intenciones se vieron frenadas porque no se tocó el artículo 371 quinquies, que establece que se impondrán de siete a 15 años de prisión y multa a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de seguridad pública municipal o estatal, en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.
Con todo y esto, puede concluirse que no habrá pacificación en Veracruz.
POR ADRIANA MORENO CORDERO
COLABORADORA
MORCORA@GMAIL. COM
MAAZ
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