El tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documenta el operativo realizado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto para encubrir la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Con ello la investigación judicial debería pasar a una siguiente etapa. Comprobado el encubrimiento ahora es indispensable deslindar responsabilidades de una cadena de mando que empieza con el expresidente Peña Nieto.
Situados en este umbral es necesario recordar lo que significó este hecho lamentable para el actual proceso político encabezado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Las movilizaciones ciudadanas que pedían la aparición con vida de los estudiantes terminaron por erosionar la ya menguante legitimidad del régimen construido a cuatro manos por el PAN y el PRI. El hartazgo de la sociedad ante la política de seguridad y la larga historia de represión estatal se cristalizaron en este reclamo que ayudó a dar forma a un claro mandato de transformación.
Luego de las elecciones de 2018, el gobierno de López Obrador asumió el compromiso de esclarecer los hechos con los familiares de los estudiantes. Este no era sólo un imperativo ético, sino que la actual administración es plenamente consciente de lo emblemático del caso. Se trata, en efecto, de un acontecimiento que sintetiza lo peor del régimen que su gobierno intenta desmontar. Es, por lo tanto, un tema de Estado para la así llamada cuarta transformación.
El cambio de política ante el caso Ayotzinapa luego de 2018 es evidente. La creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia sentó las bases para este viraje. La propia Ángela Buitrago, coordinadora del GIEI, lo ha señalado en relación a los videos aportados por la Marina que documentan el encubrimiento. Sin dejar de señalar lo que hace falta, reconocer el cambio de postura ante la desaparición de los estudiantes resulta clave para concentrar las energías sociales en el esclarecimiento del caso y garantizarles justicia a los familiares.
Sin embargo, tal vez el aspecto más trascendente del informe es que señala la persistencia de actores que desde el Estado obstaculizan el avance de la investigación aún en contra de las directivas dadas por el presidente. Esto nuevamente nos pone cara a cara con lo que significa el caso de Ayotzinapa para un cambio de régimen efectivo. Si el caso es un emblema del actual proceso de transformación es porque para abordarlo se requiere desmontar prácticas muy arraigadas en el sistema político y el Estado. Como dicen, el movimiento se demuestra andando y Ayotzinapa es el sendero y la prueba que habrá de transitar el actual gobierno y su agenda de transformación.
POR ADRIÁN VELÁZQUEZ RAMÍREZ
COLABORADOR
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