TODOS SOMOS MÉXICO

Periodistas, muerte e impunidad

Además de causar una pérdida irreparable, atenta contra toda la comunidad y la armonía social

OPINIÓN

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Mauricio Farah / Todos Somos México / Columna Invitada

Cada agresión a un periodista por razón de su trabajo es un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho a la información, y por esa vía es un ataque a la democracia, que entre otros pilares se sostiene, precisamente, en el derecho a saber y en la libertad de hacer saber.

Cuando alguien ordena matar o mata a una persona que ejerce el periodismo, además de causar una pérdida irreparable, atenta contra toda la comunidad, la armonía social y el derecho que tiene la propia comunidad a saber acerca de sí misma, única forma de vivir en democracia.

Por esta razón, el Estado tiene entre sus tareas básicas la protección de los periodistas y, en su caso, la sanción a quienes cometen delitos en su contra. Esta lógica no implica asumir que la vida de un profesional del periodismo vale más que la de otra persona. Significa, sí, que cuando ocurre el asesinato de un periodista estamos en presencia de una intención de evitar que algo se publique o de castigar lo publicado, y a la vez de amedrentar o reprimir al medio o al gremio. 

Repasemos lo inaceptable: una actividad lícita que implica a la vez el ejercicio de dos derechos, el de expresarse y el de recibir información, se ve coartada por alguien que, al margen de la ley, decide actuar en contra de quien está dentro de la ley. Con el recurso extremo de asesinar, el criminal genera un abismal dolor en familiares y amigos, así como una dosis de crispación social, terror y miedo.

La impunidad, por otra parte, transmite un doble mensaje: a los victimarios y a potenciales victimarios les dice que se puede matar a un periodista sin consecuencias, en tanto que a las familias de las víctimas les revela que delito y delincuentes están por encima de sus derechos y, por lo tanto, los deja en la indefensión y en la incertidumbre.

Por eso es que el Estado debe proteger la integridad física de las y los periodistas, luego de décadas de violencia en contra de ellos, particularmente acentuada en lo que va del siglo.

No hemos encontrado la forma de detener esta barbarie, que coloca a México en los primeros lugares entre los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. 

El pasado enero fueron asesinados cuatro periodistas, uno en Veracruz, dos en Baja California y uno en Michoacán, lo que representa una renovada y enfática alerta, en tanto que este primer mes del año ha sido tan letal como cinco meses de 2021, año en el que nueve periodistas fueron víctimas de homicidio.

Para subrayar cada una de estas pérdidas, que tanto duelen en familias y comunidades, hay que tener presente que cada crimen ocurrió porque alguien decidió que asesinar era la forma de impedir o castigar la circulación de una información o de una opinión. Ninguna persona que tomó esta decisión y ninguna que la ejecutó debe quedar impune.

POR MAURICIO FARAH
SECRETARIO GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SENADO
@MFARAHG

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