Como fue de conocimiento público, la semana pasada, el Senado de la República aprobó diversas reformas secundarias a las leyes electorales, mediáticamente conocidas como el “Plan B” de la Reforma Electoral, propuesto por el titular del Poder Ejecutivo Federal.
Existen dos puntos específicos de dichas reformas que quiero comentar: por un lado, el respeto a la legalidad constitucional y a la autonomía de los órganos electorales; por el otro, la importancia del Servicio Profesional de Carrera, herramienta clave para garantizar el correcto desempeño de las instituciones del Estado.
No debemos perder de vista que un órgano constitucional autónomo, como lo es el Instituto Nacional Electoral (INE), es parte del desarrollo democrático de nuestro país, y toda propuesta de modificación que se plantee debe ser para mejorarlo, fortalecerlo y adaptarlo a los nuevos tiempos que vivimos, por lo que se requiere de un análisis parlamentario amplio. Con los cambios hasta ahora propuestos, la autonomía y la independencia del INE pueden estar comprometidas.
Debemos tenerlo claro, existen reglas, procedimientos e instituciones que sostienen nuestra democracia y que han sido construidos a lo largo de décadas de lucha ciudadana para garantizar elecciones limpias y alternancias en los cargos de elección popular. Esta estructura está respaldada por nuestra Carta Magna, la cual nos corresponde respetar y defender.
Por el lado del Servicio Profesional Electoral, las reformas lo ponen en riesgo al eliminar 84% de las plazas, lo cual debe ser valorado, ya que es precisamente este servicio el que nos ha permitido contar con personal especializado y constantemente capacitado para responder a las necesidades de nuestra vida democrática.
No solo el INE, de hecho, las instituciones públicas debemos apostar por la capacitación constante y la formación de perfiles especializados, porque nos permite contar con servidores públicos con conocimientos técnicos y teóricos específicos; desplazarlos afecta, ya que los nuevos elementos deben pasar por una curva de aprendizaje que podría vulnerar a las instituciones y las tareas que desarrollan para y por la sociedad, como en el caso del INE, en el tema electoral. Además, ningún cargo público debe ser destinado a las “cuotas ni los cuates”, sino a profesionales que cumplan con los perfiles requeridos.
Por ejemplo, en junio de 2022, las y los Comisionados del INAI aprobamos el Servicio Profesional de Carrera para fortalecer al Instituto. Como lo expresé en ese momento, en el servicio público las personas son pasajeras, pero las instituciones permanecen. Debilitar este mecanismo es debilitar la democracia, y, por el contrario, apostar por la especialización es una obligación de toda institución pública. Actualmente estamos avanzando con su implementación.
Esta iniciativa de reforma electoral, así como sus diversas modificaciones, es una cuestión de interés público que, como hemos sido testigos en los últimos meses, ha movilizado a miles de personas a favor como en contra. La discusión actual es aún más relevante considerando que cualquier modificación al sistema electoral impactará, para bien o para mal, en las elecciones de Coahuila y el Estado de México en el 2023, y en la elección de 2024, donde se renovarán múltiples cargos como la Presidencia de la República, todo el Congreso de la Unión (500 diputados y 128 senadores), 9 gubernaturas, 31 congresos locales y más de 1500 ayuntamientos en todo el país.
No debemos pensar en soluciones a corto plazo. Todo cambio que se pretenda realizar debe siempre apuntar a respetar lo construido, a evaluar correctamente lo que se ha hecho y aprovechar los cimientos para poder evolucionar, sobre todo cuando hablamos de nuestro sistema democrático, algo que hemos impulsado como mexicanas y mexicanos.
POR JULIETA DEL RÍO
COMISIONADA DEL INAI
@JULIETDELRIO
PAL
