El atentado contra Ciro Gómez Leyva en Ciudad de México, el secuestro del coronel Grimaldo Muñoz en Jalisco, marcan un peligroso, pero infortunadamente inevitable incremento en los niveles de violencia delictiva en México. Uno y otro son señales preocupantes en más de un sentido.
El hecho es que en cierta forma son parte de una escalada inevitable porque la impunidad de que gozan, o han gozado, por años los diversos grupos de delincuentes, agrupados en "cárteles", les ha permitido extenderse y fortalecerse no sólo en áreas que son sus cotos tradicionales en las costas y las fronteras, sino en regiones del centro-norte del país y actividades que van más allá del trasiego de drogas.
Y eso implica "guerras" territoriales en regiones que supuestamente controla el gobierno.
El hecho de que "alguien" –del sector que provenga– haya buscado eliminar a Gómez Leyva, sea por venganza o como advertencia, es un aviso brutal que no se daba en la Ciudad de México desde el asesinato de Manuel Buendía, hace 37 años. El fracaso no cancela la amenaza.
Que el coronel Muñoz, comandante de un batallón desplegado en Nuevo Laredo, que vacacionaba en Tapalpa (Jalisco), haya sido presuntamente secuestrado por una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, dice mucho de la audacia y la fuerza que el grupo tiene o cree que tiene.
Ciertamente, declaraciones de solidaridad y el anuncio de investigaciones han sido parte de las declaraciones oficiales. Pero a juzgar por los resultados de solidaridades e indagaciones de gobiernos anteriores y del actual sobre ataques a periodistas, no hay responsables por una situación que se conoce hace años en grandes partes del país.
En 2022, han sido asesinados 15 periodistas, para superar los 150 en lo que va del siglo, y de hecho mantener a México entre los países más peligrosos del mundo para esta actividad.
Pero México se encuentra también entre los sitios más peligrosos del mundo para vivir, excepción hecha de naciones en guerra abierta y a pesar de la disminución de 9.1 por ciento respecto a 2019 mostrada por las estadísticas.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de México, entre diciembre de 2018 y abril de 2022 se contabilizaron 118,732 homicidios, y no son pocos los augurios de que al final del sexenio AMLO la cifra será superior a los 156 mil reportados durante el gobierno de su predecesor, Enrique Peña Nieto.
Peor aún, no son pocos ya los reportes externos sobre la "narcoinsurgencia" o "insurgencia delictiva" en el país, con uso incluso de drones explosivos y minas terrestres improvisadas.
Que muchos de los delitos atribuidos a los cárteles sean más bien producto de la oportunidad o de imitadores no les resta impacto ni les quita significación: el tamaño, la actividad, la reputación de las organizaciones delictivas no hace más que aumentar mientras el gobierno, en sus diversos niveles, parece rebasado.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS
JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM
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