En la Cámara de Diputados estamos analizando y discutiendo un dictamen de Reforma Electoral que, como ya es costumbre del oficialismo, únicamente replica la propuesta enviada por el ejecutivo el pasado mes de abril, ignorando las más de 100 iniciativas que fueron presentadas por los diversos Grupos Parlamentarios, así como las opiniones que se generaron durante los diversos foros de parlamento abierto.
Ante este escenario, la mayoría de los grupos de la oposición nos unimos en una sola voz para señalar que no votaremos a favor este dictamen y que no refleja la composición plural del congreso y del país, ni busca generar consensos.
Al ser una reforma constitucional, esta propuesta de iniciativa debe de contar con una mayoría calificada, con por lo menos 334 votos de 500 diputados; la bancada oficialista (Morena, Verde y PT) suman 276 votos, por lo que no les alcanza y, como su retrógrada Reforma Eléctrica, tampoco pasará.
Ante este eventual rechazo, el Presidente López Obrador y sus huestes han anunciado que están preparando un denominado “plan B”; “una sorpresita” para modificar el orden jurídico de acuerdo con su agenda en la materia. Sin embargo, es importante tener presente lo dispuesto por el apartado G del artículo 72 constitucional, que ordena que “Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, no podrá volver a presentarse en las sesiones del año.”
Pero en su actitud beligerante y de revancha generado por una animadversión a ciertos funcionarios electorales, se pretende modificar de alguna manera leyes secundarias para afectar al sistema electoral democrático con el que contamos, entre las que se encontrarían las siguientes:
· Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).
· Ley General de Partidos Políticos.
· Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
· Ley General en Materia de Delitos Electorales.
· Ley Federal de Consulta Popular.
· Ley General de Comunicación Social.
Al momento de escribir esta colaboración, aún no se han dado a conocer sus “sorpresitas”, pero el Presidente ya ha manifestado “de que sí es posible que, sin violar la Constitución, se pueda proponer en una ley o alguna reforma a la ley electoral que se elijan a los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral, del INE y del Tribunal Electoral; que sea posible que no haya plurinominales, que en vez de 500 sean 300. Ver si existe, de acuerdo a lo que establece la Constitución, la posibilidad de hacer una reforma”.
Uno de los temas que ha señalado, es el relativo al costo de operación de una elección. Al respecto ha dicho que su “plan B” se presentaría una vez desechado el dictamen de la Reforma Electoral y, como ha sido característica del oficialismo, sería dando un albazo legislativo para que dentro de los primeros días de diciembre se discutiera.
Podemos especular que se presentarán iniciativas de reforma para impactar en el presupuesto en lo relacionado al costo en la organización de las elecciones.Es importante señalar que el Presidente López Obrador pretende capturar el pleno del Instituto electoral a través de la selección de perfiles con individuos afines a su partido, como ha sucedido en la Suprema Corte de Justicia y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos; lo que ha dado como resultado el que las funciones constitucionales de dichas instancias se han colapsado al operar de manera parcial y desapegada al orden legal.
Otro objetivo de AMLO es evadir las restricciones constitucionales para que los servidores públicos puedan vulnerar la imparcialidad a la que están obligados y utilizando recursos públicos, realicen campaña durante procesos electorales.
Lo anterior es un verdadero despropósito y resulta abiertamente anticonstitucional. Con ese tipo de acciones el Presidente vuelve a provocar un riesgo de crisis constitucional y alterar el orden.
En Acción Nacional vamos a generar las acciones y controversias necesarias apegadas para contrarrestarlas.
POR JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR DEL GPPAN
@JORGEROHE
MBL
