En este espacio hemos dado razón de manera reiterada en torno a los grandes retos de la humanidad en el panorama del siglo XXI en cuanto a la mitigación de los efectos del cambio climático y la incorporación e implementación de nuevas políticas públicas que favorezcan la sustentabilidad y sostenibilidad de las actividades productivas. El modelo de vida de nuestras sociedades está rebasando límites en términos de recursos naturales, energía y capacidad de carga, y en tal escenario, los desafíos son muy grandes y las presiones que esto genera sobre los sistemas naturales aumentan, sumándose a las diversas problemáticas que ejercen presión sobre la estabilidad e integridad ambiental. Entre dichas problemáticas se encuentra la creciente población y la concentración urbana en ciudades.
Lo anterior, en el entendido de que las ciudades son uno de los factores que más contribuyen al cambio climático. De acuerdo con ONU-Hábitat, las ciudades consumen el 78% de la energía mundial y producen más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, abarcan menos del 2% de la superficie de nuestro planeta. Y es que a medida que las ciudades se extienden derivado del crecimiento de la población, la concentración urbana demanda más recursos naturales, al tiempo de implicar mayor contaminación.
Independientemente de las consecuencias medioambientales, el crecimiento urbano representa un costo relevante para los gobiernos a lo largo del mundo. Lo anterior, debido a la estricta causalidad entre el crecimiento de las ciudades y la necesidad de nuevas y mejores obras públicas para poder garantizar derechos fundamentales como la movilidad, la salud y el abastecimiento de agua potable. En nuestro país, tan solo en 2021, el Presupuesto de Egresos de la Federación asignó recursos para la construcción de Obras Públicas por un monto de $828,857.2 millones de pesos.
En tal contexto, y al ser uno de los sectores con más crecimiento en los últimos años, la construcción mediante el uso de materiales inorgánicos en la edificación de ciudades se ha convertido en uno de los problemas de mayor relevancia en términos de impacto negativo en detrimento del medio ambiente. De acuerdo con el Informe de Estado Global 2020 Sobre los Edificios y la Construcción, de la Alianza Global para los Edificios y la Construcción (Global ABC), la operación y construcción de edificios producen 38% de todas las emisiones de CO2 relacionadas con la energía. Por tanto, y con el objetivo de encaminar a dicho sector hacia la neutralidad de emisiones para 2050, la Agencia Internacional de Energía estima que para 2030 las emisiones directas de CO2 de los edificios deben disminuir entre un 50% y un 60%.
En tales circunstancias, se vislumbra la necesidad apremiante de que los gobiernos a nivel mundial replanteen los paradigmas en materia de construcción, obras públicas e infraestructura, mediante el diseño e implementación de políticas públicas integrales, asequibles y responsables, dirigidas a la reducción de las emisiones en el sector de la construcción, tanto pública como privada. Esto, mediante líneas de acción que generen incentivos que logren incidir de manera efectiva en términos de mitigación de la demanda de energía, la búsqueda de eficiencia energética y la descarbonización del sector.
POR EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL
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