Mediante la voz, gestos faciales, uso fluido del tacto y otras formas de interacción con los dispositivos, la tecnología personaliza la experiencia del usuario y ofrece cada vez más variedades de experiencia digital. Es solamente el prólogo de una época de la cual informadamente especulamos ante la decisión global de inaugurar planes e inversiones para el metaverso.
Están en gestación negocios de una industria que está más cerca que el 2030. Mucha más próxima que el alcance de la agenda social de la ONU prevista para ese año.
Las m-wallets también han adquirido vigencia mercantil. De esta manera, con apps como Google Pay o Apple Pay, la fintech (tecnología financiera) es la mejor herramienta para obtener y comprobar entradas a espectáculos, billetes de transporte, tarjetas de embarque y programas de fidelización.
Y las redes de distribución del nuevo mundo ya están desplegadas. Tan solo el INEGI estimaba que en 2020 había en México unos 88.2 millones de usuarios de teléfono celular, el 75.5% de la población mayor de seis años.
Gran parte de nuestras relaciones, aficiones, diversiones y actividades cotidianas —compras, banco, escuelas, trabajo— atraviesan por un dispositivo móvil y un amplio paquete de aplicaciones que buscan facilitarlas.
En contraste, algunas apps pueden convertirse en un problema también ante el riesgo de todos los siglos previos: los delincuentes adaptan sus estrategias para captar víctimas, pertrechados innovadoramente en la tecnología.
La seguridad ciudadana se traslada al espacio virtual, con medidas encaminadas a establecer candados personales para cerrar el paso a ciberdelincuentes. Recientemente, una actividad delictiva ha hecho de algunas apps de financiamiento un calvario para los usuarios.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México recibió 2,231 reportes por fraudes y doxing —utilización sin consentimiento de documentos personales o difusión de retórica para fracturar la reputación de las personas en sus redes sociales— en aplicaciones financieras, entre junio de 2021 y lo que va de 2022.
Hemos sido escuchados inicialmente por empresas y algunas comunidades y por las autoridades del gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, acerca de la conveniencia de generalizar política digital preventiva ante el fraude y la extorsión.
Especialmente ahora ante el doxing que implica el delito de cobranza ilegítima, cobros hostiles de intereses realizados por encima del mercado, fuera del contrato y/o con propósitos igualmente delincuenciales.
Robo de identidad, ciberacoso son usados ahora por verdaderas y falsas financieras oferentes de préstamos rápidos y sencillos que se tramitan mediante una app que recaba datos personales para luego emplear el doxing en agresiva demanda de pago.
Si bien la tecnología aporta incontables beneficios la ciudadanía también tendrá la responsabilidad de acrecentar sus medidas de prevención y la construcción de una nueva cultura cívica digital.
Salvador Guerrero Chiprés
PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
@guerrerochiprés
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