Es cosa habitual de este gobierno, semana a semana, contaminar la agenda pública con desafortunadas declaraciones, verdades a medias, polarizaciones, datos a modo y expresiones triunfalistas de transformación.
La mayoría de los temas nacionales que se posicionan desde los tristes espectáculos mañaneros son llanamente distractores sembrados con el objetivo de mantener convulsionado el diálogo ciudadano.
El linchamiento mediático tiene un sinfín de rostros y víctimas. Las más recientes son 31 científicos miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico; contra quienes la FGR y la directora del Conacyt, María Álvarez-Buylla, emprendieron una absurda cruzada.
Insistir en el encarcelamiento de 31 investigadores con base en acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada (las cuales incluso ya han desestimado jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación); en cualquier sentido práctico, no beneficia en nada a la resolución de las verdaderas problemáticas del país: la inseguridad, el narcotráfico, la pandemia o la economía.
Pero ninguna de esas son prioridades frente a la posibilidad de enviar un mensaje político a los opositores de este gobierno, sobre todo, a lo que ellos representan en términos de las pretensiones ideológicas de la 4T.
Se trata de esta concepción política de “ciencia populista”, una suerte de alquimia que no está fundamentada en los datos, sino en las percepciones personales y la lealtad a ellas.
Para la 4T, la ciencia no es una labor productiva, más bien una que debe estar encaminada a reforzar creencias ciegas: no cuestiona la realidad existente, sino confirma la realidad que se inventa.
¿Encontrar un modelo de negocios que permita que las investigaciones de los científicos sean remuneradas, e incluso utilizar estos recursos privados para continuar financiando infraestructura y mejores condiciones de trabajo? Impensable para los promotores de la ciencia populista, quienes creen que todo trabajo científico debe ser una obra de caridad abnegada.
Por un lado, el Presidente critica el sueldo de un científico con rango de investigador, pero no critica que haya, por ejemplo, diputados de Morena sin siquiera una licenciatura terminada. Tampoco se dice nada de los casos de nepotismo que se dan bajo la titularidad de María Álvarez- Buylla al frente del Conacyt.
No sólo resulta una contradicción, también se trata de la promoción de una cultura que persigue el conocimiento y premia al narcotráfico, protege al mediocre y le carga la mano a quien trabaja con excelencia. La moneda de cambio es la lealtad y no el desarrollo.
Este gobierno no ha combatido a la corrupción ni ha realizado un buen trabajo con el manejo de la pandemia y la vacunación; pero eso sí, puede promover linchamientos para científicos que se han atrevido a cuestionar las decisiones de política pública en lo que va del sexenio.
Incluso Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, se negó a seguir el circo que el gobierno y el Presidente construyeron en torno a este caso.
“La UIF no fue creada para investigar instituciones Académicas”, recalcó Nieto a través de redes sociales. Tiene razón. Debió añadir que el gobierno tampoco está para perseguir científicos ni darles trato de criminales, más bien para aprovechar su conocimiento e integrarlos en un trabajo de cooperación para ofrecer soluciones a los problemas que sí son importantes y mucho más urgentes en el país.
La ciencia debe de ser la brújula de nuestras políticas públicas, no sólo un instrumento de adiestramiento ideológico en beneficio de un partido político de filosofías anticuadas.
POR GINA TRUJILLO
COLABORADORA
@GINATRUJILLOZ
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