COLUMNA INVITADA

Paridad en gubernaturas 2022

La implementación de estas medidas ha sido toda una travesía ya que nos hemos enfrentado con toda clase de obstáculos

OPINIÓN

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Dania Ravel / Colaborador / Opinión El Heraldo de México

En las elecciones que se celebrarán el próximo año, uno de los temas de mayor importancia es el cumplimiento del principio de paridad de género en las postulaciones para las gubernaturas que se renovarán en seis entidades federativas: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Lo anterior no sólo tiene trascendencia para las mujeres, sino que tiene un impacto directo en el fortalecimiento y consolidación de nuestra democracia, dado que parte del reconocimiento constitucional del legítimo derecho de las mujeres a ser votadas en condiciones de paridad y, por lo tanto, de ejercer el poder público y político en igualdad de condiciones. 

En ese sentido, desde 2019, en el INE realizamos acciones con la finalidad de brindar a las mujeres garantías que les permitieran ejercer sus derechos político-electorales a plenitud; como escribe Ferrajoli “la causa de la tremenda distancia entre los derechos fundamentales y la realidad, entre su normatividad y su inefectividad, es la culpable debilidad o, lo que es peor, la aún más culpable ausencia de sus garantías (…)”. No obstante, la implementación de estas medidas ha sido toda una travesía ya que nos hemos enfrentado con toda clase de obstáculos, dentro de los cuales, quizá los más difíciles de superar sean el sistema y los pactos patriarcales, mismos que conducen a resistencias que derivan particularmente en un hecho recurrente y concreto: la omisión legislativa.

Hoy seguimos sin legislación para regular la postulación paritaria a los cargos unipersonales, a pesar de que en diciembre del año pasado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vinculó al Congreso de la Unión y a los locales a emitir la regulación necesaria, previo al inicio de los procesos electorales inmediatos siguientes al 2020-2021 en los que se renovara la titularidad del ejecutivo, pero ningún poder legislativo se ha hecho cargo de ello, salvo Hidalgo, que aunque realizó una reforma a su Constitución aún no entra en vigor.

En este contexto y considerando el piso mínimo establecido en el Acuerdo que emitimos en el Consejo General del INE el año pasado, fue que el 27 de agosto, aprobamos el Acuerdo INE/CG1446/2021 para lograr que en las elecciones de 2022 se cumpla con la postulación paritaria en las gubernaturas y por medio del cual establecimos criterios y directrices para este efecto.

Sin embargo, nuevamente existieron resistencias que implicaron un fuerte debate al interior de dicho órgano colegiado, e incluso hubo una propuesta de posponer la discusión o de devolver el proyecto de Acuerdo para seguir analizándolo, a pesar de ser un asunto que hemos analizado desde hace varios años, además de que la Sala Superior, en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-116/2020, reconoció que la paridad de género es aplicable para los cargos unipersonales, como lo son las gubernaturas, y que la ausencia de acciones específicas para alcanzarla no puede tener como consecuencia que se deje de cumplir con un mandato constitucional expreso. 

Así, después de una amplia discusión, se logró la aprobación del Acuerdo, lo que es una buena noticia no sólo por la finalidad que se persigue con la aprobación de esas medidas, sino porque en esta ocasión se aprobó de manera previa al inicio de los procesos electorales en las distintas entidades, lo que redundará en una mejor organización y planificación al interior de los partidos políticos para seleccionar a sus candidatas. Estoy convencida de que se replicarán los buenos resultados que trajo consigo la aplicación de una medida similar en los procesos electorales pasados; recordemos que previo a las elecciones del pasado 6 de junio de 2021, sólo siete mujeres habían sido gobernadoras en México y en virtud de la implementación de la postulación paritaria en estos cargos, tan solo en 2021 se eligieron seis nuevas gobernadoras, prácticamente duplicando el número que rigió nuestra historia por 67 años.

El Acuerdo aprobado en agosto de este año establece que cada partido político deberá registrar a mujeres como candidatas al menos en 3 entidades federativas.

Además, tomando en cuenta que aún está pendiente el cumplimiento de la obligación de los Congresos para legislar en la materia señalamos que, si alguna entidad federativa emite la legislación correspondiente, las disposiciones del Acuerdo no serán aplicables y las postulaciones se ajustarán de forma tal que, al menos, la mitad sean mujeres. En ese sentido, también previmos que en caso de que las candidaturas restantes fueran de número impar, la mayoría corresponderán a mujeres, ello en atención a que el principio de paridad es un mandato de optimización flexible que admite una participación mayor de mujeres, no como aquella que la entiende estrictamente en términos cuantitativos, como cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por ciento de mujeres.

La emisión de este tipo de Acuerdos trae consigo otra ventaja: el impulso de un cambio estructural en la concepción del poder público para reconstruirlo en clave de igualdad, lo que a su vez impacta en la generación de mejores condiciones para que las mujeres que llegan a espacios de poder no sean las últimas; citando a Mary Beard “nuestro modelo cultural y mental de persona poderosa sigue siendo irrevocablemente masculino (…) [por lo que] si no percibimos que las mujeres están dentro de las estructuras de poder, entonces lo que tenemos que redefinir es el poder, no a las mujeres”.

La presencia y participación de las mujeres en la vida pública y política del país es cada vez más notoria y efectiva. Sin duda no sería posible sin las numerosas luchas históricas promovidas por legisladoras, consejeras, activistas y representantes de la sociedad civil, personas académicas, entre otras actoras y aliados claves, quienes desde distintos ámbitos y en diferentes épocas hemos enfatizado que las mujeres necesitamos ser representadas, que exigimos nuestro derecho a llegar a distintos cargos de elección popular y la garantía de que las postulaciones sean paritarias. Desde el Instituto Nacional Electoral es nuestro deber garantizar los derechos de toda la ciudadanía y contribuir a la consolidación de una democracia paritaria.

POR DANIA RAVEL
CONSEJERA ELECTORAL
@DANIARAVEL

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