La semana anterior el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estalló una crisis que se venía gestando desde hace algún tiempo, cuando en la sesión del pasado miércoles, 5 de 7 Magistrados decidieron destituir al Magistrado presidente José Luis Vargas Valdés y nombrar un nuevo titular en la persona de Reyes Rodríguez Mondragón, lo que dejó al Tribunal con dos presidentes. Vargas señaló que su destitución fue ilegal, y que interpondría una controversia ante la Suprema Corte (SCJN), aunque ya ha sido sugerido por el presidente de la Suprema Corte de no aferrarse al cargo y dar un paso al costado.
Los problemas en el Tribunal no son nuevos. Los más recientes que detonaron la actual crisis fueron ocasionados por el mismo Vargas tras haber llamado “manada” a los ministros, y por las denuncias que pesan sobre él y su esposa por operaciones con recursos de procedencia ilícita estimados en más de 140 millones de pesos. Aunque la crisis del Tribunal tiene más tiempo. Desde el 2018 con el depuesto Magistrado presidente anunciando que tenía pruebas de irregularidades cometidas por la Magistrada Janine Otalora, lo que ocasionó su renuncia a la presidencia del Tribunal.
Otro Magistrado fue señalado de utilizar el taller mecánico del Tribunal para restaurar su colección de automóviles clásicos. Además, se utilizó la tarjeta de crédito de la institución para hacer compras irregulares de artículos y productos que contravienen el reglamento para el uso de tarjetas bancarias institucionales del TEPJF. Además de la cancelación de las candidaturas de los morenistas, aspirantes a gobernar Michoacán y Guerrero o y permitir la entrega de “Tarjetas Rosas” del PRI en las elecciones de Coahuila y el Edomex en 2017.
De concretarse el cambio de presidente en el Tribunal, ya habrían sumado cuatro en un periodo de cinco años, lo que indica que no hay estabilidad en el máximo órgano que se encarga de resolver controversias electorales y de impartir justicia en ese ámbito. Al respecto, el presidente López Obrador pidió que los ministros consideren su renuncia por dignidad y respeto a la ciudadanía, por tener una conducta inmoral e insistió en que debe de haber una reforma constitucional que permita modificar la situación de descomposición del Tribunal.
POR ARTURO ÁVILA ANAYA
PRESIDENTE IBN/B ANALITYCS Y EXPERTO EN SEGURIDAD NACIONAL POR HARVARD (NIS)
ARTUROAVILA_MX
PAL