“Si la teoría no se adapta a la realidad, peor para la teoría” Dicho popular. La separación de la política y la administración pública es un debate centenario.
El mayor exponente dentro de la escuela estadounidense de esta afirmación fue Woodrow Wilson, quien afirmaba que un gobierno debe sostenerse sin mayores sobresaltos para la solución de problemáticas sociales sin importar distintas visiones políticas. En la escuela alemana nos encontramos con Max Weber y su “burocracia”, que partía de tener los mejores cuadros dentro del funcionariado como un deber ser para un mejor funcionamiento de la sociedad.
En nuestro país lo anterior no sucede de manera histórica. Toda decisión dentro de la administración pública, obedece a cuestiones políticas. Al respecto, en ocasiones anteriores he escrito en este espacio que, la actual administración pública prefiere usar el hacha antes que el bisturí referente a las modificaciones de programas y obras de gobierno y siempre persiguiendo un fin político.
Existen varios ejemplos de esto, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, tirando por la borda los trabajos ya realizados; la casi desaparición de las estancias infantiles, dejando a miles de niños sin cuidados y a las madres en una encrucijada; el llamado “huachicoleo”, ocasionando escasez de gasolina en todo el territorio nacional; y, quizá la más grave de todas, el corte en la distribución de medicinas de alta especialidad en los sistemas de salud pública, quedando sin el vital tratamiento miles de personas, incluida la niñez mexicana.
Ahora el turno es para la repartición del gas LP. Ahora bien, siguiendo con los encuadres teóricos, el Estado -aunado al uso monopólico y legítimo de la fuerza, así como otorgar los servicios básicos a la población- tiene la potestad de regular el mercado en beneficio de la sociedad.
Bajo este precepto de regulación y echando mano de las leyes y entidades como la Comisión Reguladora de Energía, López Obrador, ha fijado el precio máximo al consumidor del gas LP ($11.52 por litro para tanques estacionarios y 21.33 pesos por kg), trayendo consigo opiniones encontradas. Algunas voces apelan a que AMLO quiere desaparecer a la iniciativa privada, dando el ejemplo recurrente de Venezuela y, del otro lado de la moneda, se escuchan sentencias duras hacia el oligopolio del gas, sus distribuidores y sus comisionistas.
Sin embargo, entre la opiniones de unos y otros hay matices, entre el blanco y el negro existen las tonalidades grisáseas. Es decir, en el breve recuento del gobierno cuatroteísta, cuando se toma una determinación de este tipo no ha ido bien para las y los mexicanos y los resultados han sido pagar sobrecostes, apoyos de transferencia directa que no soluciona el problema de raíz, desabasto y (en el caso de los medicamentos) muerte.
Pero también, la falta de regulación estatal ha ocasionado que en México existan decenas de ejemplos de prácticas monopólicas, empresas pobres y empresarios ricos y abusos a los consumidores finales, ergo, la sociedad. Así, más allá de lo que diga la teoría, sabemos que, en la praxis, la política y las políticas (politics - policy) se encuentran imbricadas y solo con una profesionalización profunda del servicio público se podrán contener los vaivenes políticos presentes y futuros.
Esperemos que este nuevo intento de regulación de hidrocarburos se realice con “el bisturí” y que en realidad sea en beneficio de la sociedad y no -como dicen los malpensados-, sea una muestra de estatización de la industria.
POR ADRIANA SARUR
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