Mientras la población mexicana tiene necesidades de salud muy grandes, incluso más allá de la pandemia, en el primer semestre de este 2021, la mayor caída de inversiones físicas del gobierno es justo en ese sector. Bajó 51.9 por ciento, a 3 mil 040 millones de pesos. Para comparar, la inversión en hidrocarburos creció 3.4 por ciento a 133 mil 299 millones.
En cuanto a las medicinas, ahora las compras están a cargo de la Secretaría de Hacienda y se hacen consolidadas mediante la UNOPS.
En 2020 sólo compró 50.8 por ciento de los medicamentos y 55 por ciento del material de curación necesario, según las propias cifras oficiales. Para este 2021, al cierre de julio había comprado 875 millones de piezas de medicamentos pero solo había llegado 7.26 por ciento, es decir, 65 millones. Nuestro sistema de salud es un elefante reumático. Los derechohabientes enfrentan una continua falta de medicamentos incluso para padecimientos graves, equipos médicos insuficientes e instalaciones deplorables.
Hasta la compra de un colchón de hospital es una complicación burocrática de oficialía mayor y meses en licitaciones. Más aún, la cobertura es tan limitada que el 28.2 por ciento de los mexicanos no tienen acceso a servicios de salud.
Son 35.7 millones de personas. Muchas más que los 20.2 millones con esa carencia en 2018, de acuerdo con el informe que publicó el Coneval el jueves pasado. De no resolverse todos esos problemas, se harán mucho más grandes hasta desatar otra crisis de proporciones insospechadas. Tenemos 15 millones de adultos mayores en el país que representan el 12 por ciento de la población, según el último censo, mientras que en el año 2000 eran el siete por ciento. Y esa tendencia continúa en franco crecimiento.
¿Qué ha sucedido con el INSABI, creado para dar servicios de salud a todos los mexicanos que no los tuvieran? Al arranque de sus operaciones, el video institucional decía que el objetivo era incorporar a 69 millones de personas pero en sus 19 meses de existencia no ha aumentado sino reducido la atención.
De acuerdo con el informe más reciente del Inegi, tiene 32 millones 842 mil 765 usuarios mientras que el Seguro Popular llegó a tener 53 millones 530 mil 359. Si bien el INSABI desestima esos números con el argumento de que no se requiere afiliación, queda claro que esa diferencia de más de 20 millones de personas no han acudido a atenderse dado que se habría generado el registro en automático para la integración de su expediente médico. Más aún, los varios miles de personas que perdieron su empleo aunque sea temporalmente por la pandemia y por lo tanto su afiliación al IMSS, tampoco acudieron, en buena medida, porque ni siquiera conocen la existencia del INSABI.
En el equipo de transición hacia la administración federal actual, la única idea fija era que desapareciera el Seguro Popular pero la creación del INSABI no estaba concretada en el papel. Su nacimiento se basó en cambios sueltos y desestructurados en la Ley General de Salud y de los Institutos Nacionales de Salud.
Otras instituciones con mayor experiencia también enfrentan problemas severos. Al terminar 2020 las dependencias y entidades afiliadas al ISSSTE le debían 64 mil 512 millones de pesos en cuotas y aportaciones atrasadas. En el caso del IMSS, la situación es notablemente mejor aunque también limitada. Su dirección afirma que hay viabilidad financiera garantizada al menos hasta 2034. El sistema de salud mexicano es un elefante reumático. Cientos de sus derechohabientes han muerto por enfermedades y complicaciones previsibles mientras que muchos otros no gozan del bienestar mínimo frente a su padecimiento. Es hora de enderezar el rumbo.
POR ADRIANA DELGADO RUIZ
@ADRIDELGADORUIZ
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